Los jueces valencianos ordenan que los alumnos de campus privados hagan prácticas en hospitales públicos

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha ordenado a la Generalitat que firme convenios con la Universidad Católica San Vicente Mártir, privada, para que sus alumnos de carreras sanitarias puedan hacer prácticas en la red de hospitales públicos. Los magistrados aceptan así un recurso presentado por la institución académica propiedad del Arzobispado de Valencia, a la que cada curso acceden más de medio millar de nuevos alumnos de carreras del área de salud.

La decisión judicial, que ha causado sorpresa en el Gobierno valenciano integrado por socialistas y Compromís, contradice una decisión política adoptada en 2016. Los entonces consejeros de Sanidad, Carmen Montón, y de Educación, Vicent Marzà, anunciaron que las universidades privadas dejarían de poder realizar prácticas en los centros sanitarios públicos. Los responsables de la Generalitat argumentaron que tales acuerdos con campus privados, que se generalizaron durante el periodo de gobierno de Francisco Camps, del PP, eran contrarios a derecho, si bien permitieron que los estudiantes que ya hubieran iniciado sus carreras en tales universidades continuaran haciendo prácticas mediante acuerdos específicos en cada centro sanitario que ofrecieran cobertura legal a la situación, para no perjudicar los estudios de los alumnos.

Solo en la Universidad Católica San Vicente Mártir se matriculan cada año en primer curso 420 estudiantes de Enfermería y otros 119 de Medicina. También se vieron afectados, aunque en un grado muy inferior, los alumnos de centros privados de Farmacia, Psicología Clínica y Biotecnología, que pasaban en algún momento por centros sanitarios públicos.

La sentencia de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior valenciano no solo resuelve que la Universidad Católica —y por extensión, en caso de que lo soliciten ante el tribunal, los otros dos centros académicos privados afectados— sí pueden tener esta clase de convenios con la Generalitat, sino que obliga al Ejecutivo a firmarlos en el plazo de cuatro meses. "Un tiempo suficiente y razonable para que se elaboren y suscriban los convenios de cooperación a los que la actora tiene derecho", indican los magistrados Miguel Ángel Olarte, Edilberto Narbón y Manuel Domingo, que han fallado en contra de la política educativa de la Generalitat en varias ocasiones esta legislatura.

Desde 2015 el Gobierno valenciano ha cambiado la política del PP de facilitar recursos a las universidades privadas por diferentes vías, como las prácticas sanitarias en centros públicos, que son infrecuentes en el resto de comunidades autónomas, según fuentes de las universidades públicas. La Generalitat afirmó, en este caso, que la normativa estatal solo contempla de forma "excepcional" que un mismo hospital firme acuerdos con más de una universidad, mientras que en la Comunidad Valenciana se había convertido en la norma: al convenio original con universidades públicas se habían añadido acuerdos con campus privados.

Ello había provocado quejas de las universidades públicas. El decano de Ciencias de la Salud de la Jaume I de Castellón, Rafael Ballester, denunció por ejemplo que la privada había "copado las prácticas en los hospitales públicos", generando, además, una "aglomeración" de estudiantes que podía afectar a la calidad de las prácticas.

El Ejecutivo autonómo alegó también que, para realizar las prácticas, las privadas contrataban a los médicos de la pública durante su horario laboral, lo que contravenía la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Los magistrados de la Sección Cuarta rebaten ambos argumentos en una sentencia de cinco páginas en la que señalan que las prácticas no plantean problemas al no interrumpir la actividad laboral del personal sanitario. Los jueces añaden que la Universidad Católica "ha acreditado que hay insuficiencia de hospitales privados para la práctica curricular de alumnos de medicina y enfermería [de centros privados], y que las plazas disponibles para la práctica curricular en los hospitales públicos acreditados para la docencia son suficientes para atender sin tensiones a los alumnos procedentes de la universidad publica y privada". La Universidad Católica no imparte estudios en Castellón, donde el centro privado que opera es el CEU-Cardenal Herrera.

Posible recurso

Una portavoz de la Consejería de Sanidad señaló que la Generalitat estudiará la sentencia para decidir si presenta recurso, que puede interponerse ante el Supremo. El Gobierno valenciano ha chocado en los últimos tres años con la Sección Cuarta del Tribunal Superior de Justicia, que ha fallado contra buena parte de su normativa educativa. La Generalitat empezó, a raíz de ello, a transformar su normativa en ley para escapar del campo de actuación de los magistrados del tribunal, ya que las leyes solo pueden impugnarse ante el Constitucional.

Como respuesta, la Sección Cuarta elevó hace unos meses a este órgano una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley valenciana que regula el plurilingüismo. El Constitucional lo inadmitió la semana pasada y recordó a los jueces valencianos que "la cuestión de inconstitucionalidad no es un medio del que puedan servirse los órganos judiciales para pretender del Tribunal Constitucional la depuración abstracta del ordenamiento jurídico".

La prohibición de que los alumnos de las universidades privadas hagan prácticas en hospitales públicos también ha sido llevada al Constitucional, aunque en este caso por un recurso presentado por 50 senadores del PP contra la reforma de la Ley de Sanidad de la Comunidad Valenciana. El cambio aprobado a principios de año estableció que la Generalitat puede establecer convenios sanitarios con las universidades públicas. La anterior redacción aludía a universidades, sin distinguir entre si su titularidad era pública o privada. La modificación de la ley, aprobada después de que la Universidad Católica presentara el recurso sobre el que el Tribunal Superior acaba de pronunciarse, puede ser una de las vías que el Ejecutivo autonómico utilice para resistirse a firmar los convenios con el centro académico privado.