Las empresas deberán tener un registro de salarios para evitar la discriminación por sexo

El Consejo de Ministros ha dado luz verde en su última reunión antes de la disolución de las Cámaras el próximo 5 de marzo a un decreto ley contra la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, que incluye un cambio en los permisos de maternidad y paternidad -llegarán hasta las 16 semanas en 2021-, un registro de los salarios desagregados por sexo y la ampliación del número de empresas que estarán obligadas a contar con planes de igualdad. Hasta ahora, eran las que tuvieran 250 empleados o más. A partir de que este decreto se publique en el BOE deberán tenerlo las compañías de más de 150. Desde el segundo año de vigencia, las de más de 100, y al tercero, las de más de 50. Estos planes de igualdad deberán hacerse constar en un registro que dependerá de la dirección general de Trabajo y formará parte del que ya existe de convenios y acuerdos colectivos.

Para ponerlos en marcha se partirá de un “diagnóstico negociado” entre el empresario y los representantes de los trabajadores. Y deberán contener “un conjunto ordenado de medidas evaluables” entre las que están “al menos, las siguientes materias: proceso de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo (incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres), retribuciones, prevención del acoso sexual, infrarrepresentación femenina y ejercicio corresponsable de la vida personal, familiar y laboral”.

Además, el empresario también tendrá que tener un registro en la empresa con los “valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo”. A este registro podrán acceder “los representantes de los trabajadores en la empresa” y los miembros de los comités.

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Brecha salarial

Según apunta el texto, el retraso en poner en marcha estas medidas, "conllevaría un daño de difícil reparación que no puede ser asumido por una sociedad moderna como la española". Y apunta a la brecha de género en un mercado laboral nuevo, ligado a la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la ciencia: "Los nuevos puestos laborales que están siendo creados son, a su vez, los mejor remunerados; por ello, las políticas públicas de igualdad deben remover los obstáculos que impidan el acceso y desarrollo de las mujeres en los ámbitos de la ciencia, la investigación y la tecnología". Con esto, el Gobierno busca "que existan las condiciones necesarias para que la igualdad sea efectiva en el empleo y la ocupación".

El objetivo principal de este último decreto ley aprobado por el Gobierno es reducir la brecha salarial, que según figura en la exposición de motivos del texto legal, “no ha sido reducida en los últimos años”.