El Gobierno y las comunidades acuerdan que para 2026 ningún niño tutelado menor de seis años viva en centros

Dentro de cuatro años no podrá haber ningún menor de seis años tutelado que viva en un centro de acogida. Esta es una de las medidas que recoge el plan de acción contra la explotación sexual de menores tutelados por la Administración, que los ministerios de Igualdad y de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han aprobado este jueves por unanimidad. Para ello, se potenciará el acogimiento familiar, haciendo uso de fondos europeos.

El objetivo es que antes de 2031, ninguna niña o niño por debajo de los 10 años viva en centros residenciales. Los menores en el sistema de protección son especialmente vulnerables a la explotación sexual, sobre todo niñas y adolescentes, y, por ello, se prevé impartir formación especializada a los profesionales de los más de 1.300 centros del país, y elaborar una única guía de actuación, común a todas las administraciones, así como la creación de servicios de atención y recuperación integral para las víctimas de esta violencia, mediante la colaboración con organizaciones que ya trabajan sobre el terreno, a través de un plan de inserción que impulsa Igualdad.

Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, se ha referido a la explotación sexual como una “amenaza latente” para muchas menores en los centros de acogida. Así lo constató Unicef en un estudio de 2017 en el que detectó casos en siete de nueve comunidades analizadas. En el plan se recoge que “son un blanco de preferencia para los abusadores, proxenetas y explotadores sexuales” por su vulnerabilidad, psicológica y económica. La detección temprana es un desafío, y cambiar el modelo también lo es. En 2020 había 16.991 menores viviendo en centros, el 47% de todos los tutelados.

Acogimiento familiar

La conferencia sectorial celebrada este jueves se ha comprometido a dar “un gran impulso a un nuevo modelo”, para que sea “fundamentalmente el acogimiento familiar el instrumento que preferentemente se use”, ha añadido Álvarez. Para ello se utilizarán fondos europeos durante los próximos años. Por un lado, a través del Fondo Social Europeo +, concretamente de la garantía infantil (que tiene el fin de luchar contra la exclusión social de los menores), y por otro, del Plan de Recuperación y Resiliencia, a través del cual ya se ha repartido financiación a las comunidades autónomas y el ministerio financia proyectos piloto. “De forma que vayamos garantizando que poco a poco el modelo residencial se utilice el tiempo indispensable, el menor tiempo posible”, ha explicado Álvarez.

Pese a que la ley ya establece que no debe haber menores de seis años en residencias, en 2020 había 1.177. El objetivo es acabar con esta situación antes de 2026. Y se extiende a los menores de 10 años antes de 2031 (en 2020 había 3.088 niños de cero a diez años en los centros).

El plan enfatiza que la explotación sexual no es un hecho aislado en alguna comunidad autónoma, “sino que está latente en el conjunto del sistema de protección español, habiéndose reportado y reconocido casos en toda Europa”. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha destacado que “el acuerdo es una buenísima noticia para este país, dados los tiempos que corren, en los que se cuestiona permanentemente la violencia de género”. Y ha añadido: “Sigue habiendo acuerdo institucional en la lucha contra la violencia contra las mujeres”.

No existen datos concretos sobre la violencia sexual que sufre la infancia en el sistema de protección. A menudo, permanece escondida. El tratamiento psicológico y psicosocial de los menores tutelados, con enfoque de género, tiene que ser “una parte esencial en el modelo de intervención”, se especifica en el documento, y actualmente “no es homogéneo ni está garantizada una base mínima común; depende del territorio e incluso del recurso en el que viva”. El plan pretende mejorar la atención a las víctimas y reforzar estructuralmente el sistema para prevenir este tipo de violencia en el futuro.

Por ello, se contempla un paquete de medidas de “implementación inmediata” y otro “a medio y largo plazo”, más estructurales. Entre las primeras, la creación de servicios especializados de atención y recuperación integral para niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual. Se enmarca en el plan de inserción social y laboral para mujeres y niñas víctimas de trata, de explotación sexual y para mujeres en situación de prostitución del Ministerio de Igualdad, que prevé una inversión global de “más de 100 millones de euros” entre este año y el que viene, ha explicado Rodríguez. Entre las medidas que se pondrán en marcha, y “mientras no se consolidan como parte de la Administración pública”, han previsto que las entidades que trabajan con trata y explotación sexual puedan crear estos recursos específicos. Se prevé que estén listos en el primer semestre de este año.

Detección temprana

También es una medida a corto plazo la formación especializada en prevención y detección de explotación sexual de todos los trabajadores de los centros de protección, que será financiada por el Ministerio de Igualdad, en formato digital, y la elaboración de un protocolo armonizado para prevenir, detectar precozmente e intervenir ante casos de violencia en los centros, como prevé la ley de protección de la infancia aprobada el año pasado. Este debe ir acompañado de una guía común de actuación ante casos de explotación sexual, que incluirá un catálogo de indicios e indicadores para la detección temprana, pautas concretas sobre notificación y derivación de casos y un procedimiento de intervención coordinada [entre instituciones].

Pero además, también se contemplan medidas estructurales, destinadas al incremento de los cuidados en la comunidad y a la desinstitucionalización de niños y niñas y a mejorar la atención de la infancia en el sistema de protección, así como los sistemas de información. La violencia contra la infancia, y concretamente la violencia sexual, están infrarrepresentadas en los registros, “al ser una realidad invisible es difícil determinar la magnitud del problema” y, por tanto, diseñar intervenciones adecuadas. El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en una estrategia de desinstitucionalización que incluirá el incremento del acogimiento familiar y que los centros que existan sean recursos pequeños, flexibles y que permitan un seguimiento personalizado. El tamaño de los recursos, se especifica en el plan, impacta en el desarrollo.

Si bien hay una media de 15 plazas por centro, existe gran variedad entre comunidades (hay cinco de ellas por encima de esta media, en Murcia es de 28). Antes de 2031 el número medio debe ser de 15 en todas las autonomías. Los de más de 30 se transformarán progresivamente, cerrándose o sectorizándose, en ellos “se complica la generación de un clima de protección e inclusión que permita identificar las situaciones de riesgo”.

Además, en el texto se especifican varios proyectos piloto financiados por Derechos Sociales, como el que testea el acogimiento familiar de dedicación exclusiva (con una compensación económica porque los pequeños requieren de todo el tiempo de atención), o sobre modelos de intervención en servicios sociales de base para reducir las declaraciones de desamparo (lo que hace que un menor pase a estar tutelado por la Administración).

También se actualizarán los criterios de calidad que deben cumplir los centros residenciales (que incluirá el refuerzo de los mecanismos de inspección, control y denuncia), así como el protocolo en los casos de traslados, para identificar plazas libres, en concreto las especializadas, y que los movimientos de niños y niñas con especial vulnerabilidad sean rápidos. Por otro lado, se establecerá un sistema de monitoreo de la calidad de la transición hacia la vida adulta de los menores tutelados, porque a día de hoy “es imposible saber cuál es el impacto de la protección” que se les da. Se desconoce la prevalencia de personas sin hogar, ni cuántos han logrado estudios superiores.