Andalucía abre la puerta a concertar la atención primaria y a que los médicos de la privada realicen actividades en hospitales públicos

La Junta de Andalucía ha abierto la puerta a derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas. El borrador de la orden para actualizar el sistema de tarificación de los convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud da la posibilidad de concertar este servicio, así como de que esas entidades privadas puedan utilizar instalaciones públicas. Se trata de dos medidas inéditas en el actual sistema de salud de la comunidad que han encendido la polémica entre los grupos políticos —que acusan al Gobierno de mayoría absoluta del PP de instaurar la privatización de la sanidad pública― y de buena parte de los sindicatos de médicos movilizados por una Atención Primaria de calidad.

La orden, que lleva en fase de tramitación desde el 8 de julio de 2022, establece, dentro de la descripción de tarifas máximas para los procedimientos quirúrgicos, pruebas diagnósticas y estancias médicas, las consultas médicas de atención primaria, para las que fija un tope máximo de 65 euros.

La Disposición Adicional Segunda de ese borrador establece que “la Consejería con competencias en materia de salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan”. Esta redacción es la que lleva a pensar que las empresas privadas adjudicatarias de los conciertos o sus profesionales podrían utilizar las instalaciones del SAS, aun cuando se supone que si los pacientes se han derivado a los centros hospitalarios con conciertos es porque por su saturación esas actividades no las puede prestar la sanidad pública a los pacientes.

Fuentes de la Consejería de Salud han explicado a este diario que la inclusión de la primaria no es en puridad una novedad porque interpretan que ya se contemplaba esta prestación en la anterior orden de 1998 —derogada desde 2021―, solo que en lugar de “atención primaria” recogía el término de “atención general”.

Solo en Extremadura y para un solo hospital

La consejera de Salud, Catalina García, se ha apresurado a salir al paso de la polémica, asegurando que la Junta “no va a privatizar absolutamente nada” y que el hecho de que los médicos privados trabajen en hospitales públicos y utilicen sus recursos “ya se está haciendo en otras comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha”. García ha puesto como ejemplo el caso de anestesistas que procedan de la privada y que puedan trabajar en un centro del SAS para paliar la carencia de estos profesionales.

En la región que gobierna Emiliano García-Page, un portavoz de la Consejería de Salud asegura que no se realiza ninguna derivación de consultas de primaria a centros privados y que tampoco se utilizan profesionales provenientes de la privada para suplir la carencia de médicos en el sistema público de salud, indica. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Ximo Puig está tratando justamente de hacer lo contrario: revertir la privatización en la gestión de hospitales y centros de salud públicos impulsada por los gobiernos del PP, informa Ferrán Bono. Desde la Consejería valenciana de Salud también se niega que se apele a la privada para suplir la falta de profesionales en los hospitales públicos.

En Extremadura, el uso de anestesistas proporcionados por una empresa privada es una solución excepcional al que la Junta ha acudido para paliar la ausencia de profesionales en un único hospital de la región, el de Cáceres. “Es algo absolutamente temporal que de ninguna manera queremos perpetuar”, señala un portavoz de la Consejería de Salud, que también asegura que las consultas de primaria no se están derivando a empresas particulares.

Adelantarse a pandemias y otro tipo de catástrofes

Las fuentes de la Consejería andaluza de Salud consultadas han explicado a este diario que las dos medidas polémicas únicamente se contemplan para casos excepcionales como catástrofes o una pandemia. “Contemplar estas circunstancias es un signo inequívoco de previsión para cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etcétera”, indican esas fuentes. Pero en la orden no se hace alusión de manera específica a que sean estas circunstancias las que condicionen su aplicación.

El contenido del borrador, desvelado por la coalición Por Andalucía —que ha pedido la comparecencia de la consejera de Salud en el Parlamento para que explique la orden―, llega en pleno desencuentro entre los sindicatos médicos y la Junta a cuenta del colapso en la Atención Primaria. Aunque el 25 de enero García desactivó in extremis el paro convocado por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), pactando una limitación de la agenda de pacientes diaria a 35 y permitiendo las jornadas de continuidad por las tardes para desatascar las listas de espera, el acuerdo no satisfizo las aspiraciones del resto de organizaciones sindicales que forman parte de la mesa técnica, que reclaman más presupuesto, más profesionales y mejoras en las condiciones laborales, no solo para el colectivo de médicos. Desde entonces, cada jueves, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF protagonizan concentraciones en defensa de una atención primaria de calidad. A estas protestas se suma la huelga indefinida que desde el 20 de enero lidera, en solitario, eso sí, el Sindicato de Médicas y Médicos Andaluces de Atención Primaria.

La inclusión de la primaria en el catálogo de servicios susceptibles de ser concertados ha decepcionado a las organizaciones de trabajadores. “La privatización es un ejemplo de la inoperancia de esta consejería. Las demoras para ser atendido por un médico de cabecera no se resuelven, el diálogo con los sindicatos no existe y la solución pasa por alargar las jornadas laborales de los profesionales haciéndoles trabajar por las tardes… y todo con una orden a la que apenas se le ha dado publicidad”, señala Antonio Macías, responsable del área de Sanidad de UGT-A. Por su parte, Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico en Sevilla, sostiene que la medida “no es realista”. “Lo que hay que hacer es incrementar el presupuesto sanitario e invertir más dinero en profesionales y en SAS”.

Sergio Minué, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, prefiere ser cauto hasta conocer el contenido definitivo de la orden, pero llama la atención sobre la tarifa máxima estipulada por la Junta para las consultas de atención primaria. “65 euros es una cantidad muy elevada y además hay que tener en cuenta que las aseguradoras no suelen primar este servicio entre sus ofertas”, señala.

Más derivaciones contempladas en los Presupuestos

El colapso en la Atención Primaria, pero también la degradación de otras prestaciones de la Sanidad Pública, como la amenaza de la subsistencia de la unidad de ictus de Huelva por la falta de neurólogos, o la indignación entre los profesionales sanitarios ante el caos en la asignación de destinos de las especialidades que aprobaron en las oposiciones del SAS, dejando fuera las plazas en los centros de referencia, han convertido a la sanidad en el principal problema al que casi cada semana debe enfrentarse el Gobierno de mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno. Frente a las críticas, la Junta opone la inversión sin precedentes en el sistema y el incremento de contrataciones para suplir el déficit de profesionales.

También mantiene el mantra de que “no se va a privatizar nada”, el 33% del gasto recogido en las cuentas de 2023 se destina al sector privado. Para este año, los presupuestos contemplan la derivación de 245.000 pacientes a hospitales concertados, un 25,16% más que en 2022 (195.745). Las derivaciones para intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados también se disparan respecto de las de este año. De las 82.214 previstas en 2022, se han programado 127.782 para 2023, un 55,42% más. Los estudios diagnósticos en hospitales concertados se duplican para el año que viene, pasando de 202.217 a 486.001. Las hemodiálisis concertadas se incrementan en un 58,35% para 2023, donde se prevé atender a 722.10 pacientes, frente a los 456.204 de 2022.