Igualdad envía una carta a las autonomías para que activen “urgentemente” las medidas aprobadas en la reforma de la ley del aborto

La reforma de la ley del aborto se aprobó el pasado 16 de febrero. Entre sus objetivos estaba la devolución de la capacidad de decidir sin autorización de padres y madres a las menores de 16 y 17 años —que el PP había retirado en 2015—, y también garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los hospitales públicos y que todas las mujeres puedan hacerlo lo más cerca de su casa posible. Pero, con las competencias en sanidad en manos de las comunidades autónomas, la norma obliga a que estas reorganicen sus recursos para que eso sea posible. Y eso aún no ha sucedido. Ahora, el Ministerio de Igualdad ha enviado una carta a todas las autonomías “para que estas garanticen que se lleven a cabo urgentemente todas las medidas relacionadas con la IVE con las que cuenta la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

En España, a pesar de que el aborto es un derecho desde hace décadas y de que ya la anterior legislación contemplaba que las IVE se dieran en la sanidad pública, también se aludía a las clínicas acreditadas. Y la inmensa mayoría se practicaban en esos centros: de las 90.189 que se notificaron en 2021, 76.064 fueron en centros privados, el 84,3%, según el último informe del Ministerio de Sanidad.

¿Por qué? Porque desde que se despenalizó el aborto, en 1985, el sistema público no ha reestructurado sus servicios para poder hacerlo y desde entonces, las mujeres que acuden a su centro de salud o al hospital para acceder a este derecho han sido derivadas a estas clínicas privadas, en las que no pagan a no ser que acudan directamente, sin haber pasado antes por el sistema público, ya que es una prestación gratuita, financiada por el Estado. Aun así, hay aún mujeres que sí pagan por ese servicio.

Ocurre cuando se va directamente a una de estas clínicas acreditadas, sin haber pasado antes por el centro de salud o el hospital. En esos casos, el coste medio ronda los 400 euros, pero varía según el territorio, el centro, la semana de embarazo y las circunstancias específicas de cada aborto; puede ir desde menos de 200 euros por un aborto farmacológico (con pastillas) a superar los 1.000. Y los motivos pueden ser múltiples, desde no poder o no querer esperar, a la privacidad que a veces se decide mantener en torno a este tema, todavía un tabú y un estigma en muchos lugares.

En Madrid, los hospitales públicos se ocupan del 0,7% de las interrupciones voluntarias del embarazo, el pasado año, dos de 15.188; en Castilla y León, el sistema público solo se hizo cargo de 60 abortos, de los 2.597 que notificaron; Castilla-La Mancha, uno de 3.203; Andalucía, 10 de 17.487; Comunidad Valenciana, seis de 8.013; Extremadura, ninguno de 1.284... Y así todas y cada una de las autonomías.

Para que eso cambie, como establece la reforma de la ley, es necesaria una reestructuración del sistema sanitario. Jefes de servicio de Ginecología y expertos en el sector explicaron el año pasado a este diario que los centros públicos no están preparados para asumir las más de 70.000 interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan cada año en clínicas privadas (generalmente concertadas), ya sea por falta de recursos, de formación o de médicos dispuestos a hacerlo, que es un obstáculo que se encuentra en la mayoría de centros: los profesionales objetores de conciencia.

Igualdad, con las cartas enviadas, “insta” a las autonomías a que empiecen a dar los pasos necesarios para reorganizar su red pública, y señala de forma concreta la cuestión de los profesionales: “Que todas las comunidades autónomas den los pasos necesarios para garantizar que haya médicos y médicas no objetores en todos los hospitales públicos, incluyendo si es necesario la contratación de médicos y médicas”, y apunta que la ley “es clara en ese aspecto y plantea la creación de registros de objetores en cada comunidad autónoma para así garantizar el acceso de las mujeres a su derecho al aborto, respetando siempre el derecho de los médicos y médicas a la objeción de conciencia”.