Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres, sobre los contratos de ‘puntos violeta’ y actividades de igualdad con ayuntamientos: “Cumplo escrupulosamente la ley”

La directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, ha asegurado este jueves en un comunicado publicado en la red social X que ha cumplido y cumple “escrupulosamente” con la ley reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos y que “nunca” ha realizado ninguna gestión o recomendación para favorecer contratos entre las empresas que gestiona su mujer —Imber Consultoría de Igualdad S.L. y Elig consultoría política de igualdad y diversidad S.L.—, y de las que ella posee el 8%, y entidades públicas o privadas.

García ha hecho estas declaraciones después de que este martes El Español publicara que la directora del Instituto de las Mujeres recibió al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García. Los puntos violeta, una iniciativa del Ministerio de Igualdad lanzada en 2021, son lugares como comercios, empresas, negocios y también personas particulares que se identifican como seguros para que acudan a ellos las víctimas de violencia machista en busca de ayuda.

“Cuando en 2023 fui nombrada directora del Instituto de las Mujeres, me puse en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que me indicasen cómo proceder, al estar sometida a la normativa de altos cargos. Entonces se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%. He cumplido y cumplo escrupulosamente la ley”, ha explicado García en una nota.

Según esa ley, si el alto cargo y su cónyuge están en régimen matrimonial de separación de bienes, no hay ilegalidad siempre que el alto cargo no posea más del 10% de la empresa. Fuentes cercanas a Isabel García confirman a este periódico que el matrimonio optó por esta modalidad. En el escrito del abogado, se explica que si Isabel García hubiera vendido sus participaciones a un tercero, Elisabeth García “habría ejercitado su derecho de adquisición preferente que le corresponde con arreglo a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos de ambas compañías, porque la condición de cónyuge del alto cargo no hace perder a éste los derechos que le corresponden como socio. Por tanto, el resultado societario hubiera sido el mismo”.

Preguntada sobre el cese o la posible dimisión de Isabel García, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha rechazado de momento pedir su dimisión y ha señalado que “hay que darle tiempo” para que “se explique” y “ofrezca la información” que le sea requerida en los diferentes “ámbitos” y “foros”. “Hay que confiar en las personas y darles el tiempo que merecen para que puedan explicarse”, ha indicado la ministra a la entrada en uno de los cursos de verano que la Universidad Complutense imparte en el campus de San Lorenzo de El Escorial, en Madrid. “Ella [Isabel] dijo que cumplió rigurosamente con las reglas de incompatibilidades y que consultó a la oficina de conflictos. Y que ella hizo lo que esta oficina le dijo”, ha contado la ministra en referencia a la conversación —en persona y en el Ministerio— que mantuvo este miércoles por la tarde con Isabel García.

Ante la petición de comparecencia de Isabel García en el Congreso por parte de Sumar, Redondo se ha mostrado a favor deslizando que debe presentar la información “en todos los foros en los que se pida”.

Tal y como ha explicado Isabel García en el comunicado, fue en 2022 cuando, “libre de responsabilidades políticas”, creó una consultoría de igualdad junto a su mujer. “En ese momento yo ya no ostentaba ninguna responsabilidad orgánica, institucional ni de ningún tipo en el PSOE y decidí centrar mi actividad profesional en proyectos enfocados a la igualdad real entre mujeres y hombres (planes de igualdad, conferencias, jornadas, punto violeta, talleres, formación, etcétera). Proyectos que se ofertaban tanto a empresas privadas o clubes deportivos, entidades públicas (ayuntamientos de todos los signos políticos, universidades…) e instituciones semipúblicas (federaciones deportivas)”, ha detallado.

Desde su nombramiento en diciembre de 2023—dentro de los tres meses que establece la ley para cumplir con las posibles incompatibilidades como alto cargo—, se desvinculó “no solo de la titularidad, sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas” su esposa, que era la administradora de Imber Consultoría de Igualdad S.L, desde su constitución en abril de 2023, y se encargó también de la gerencia de la otra sociedad, Elig consultoría política de igualdad y diversidad S.L. (en el origen, García poseía el 49% de Imber y el 51% de Elig).

“Ninguna de las empresas de mi pareja ha recibido un solo contrato del Instituto de las Mujeres, ni ahora que yo lo dirijo ni con anterioridad. Nunca he hecho ninguna gestión o recomendación directa o indirecta ante los posibles clientes de las empresas, sean públicos o privados, para favorecer ningún contrato. Los contratos que se han realizado con entidades públicas, de todos los colores políticos, y privadas son fruto del buen hacer profesional de mi esposa”, ha indicado García, que ha manifestado tener “la conciencia tranquila” y su disponibilidad para facilitar, siguiendo las instrucciones de la ministra, “toda la información que sea precisa”.

En un comunicado enviado por el abogado de Isabel García, en el que se pide a El Español una rectificación, se expone que Elig consultoría fue adjudicataria en 2022 de seis contratos para puntos violeta; ocho en 2023, y uno en 2024, más otros tres adjudicados que se ejecutarán en agosto y septiembre. Por otra parte, Imber fue adjudicataria de tres contratos en 2023 y uno en 2024. Todo ello con una facturación total de 84.082 euros y suscritos con ayuntamientos, en su mayoría del PSOE, y con presencia de algunos del PP.

Sumar y Podemos piden la dimisión

Tanto Sumar como Podemos han exigido el cese de García en la red social X y han insistido en el error de su nombramiento. “La transfobia es injustificable; usar una institución trascendental en la lucha contra las discriminaciones para el enriquecimiento personal, también”, han escrito en el partido que dirige la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A lo que la secretaria de comunicación de la organización, Elizabeth Duval, ha añadido que “tiene que dimitir o ser cesada”.

En la misma línea de acusaciones se ha expresado la líder de Podemos, Ione Belarra. “Primero transfobia y ahora hay que sumar corrupción. Es escandaloso y tremendamente doloroso ver en qué han convertido el Ministerio de Igualdad este último año. Están haciendo un daño irreparable al feminismo”, ha mencionado en su cuenta de X. La eurodiputada de la formación y exministra de Igualdad, Irene Montero, también ha incidido en que “no es más grave la corrupción que la transfobia”.

El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres se produjo el 28 de diciembre del año pasado y ese mismo día colectivos trans y políticos de Sumar o Más Madrid ya pidieron su cese por sus discursos “abiertamente transfóbicos”. En concreto, denunciaron que García “ha mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans, durante la tramitación de la Ley Trans” e indicaron que “los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García”.