El Gobierno de Aragón abre un expediente a la responsable de las tutelas por el caso del centro de menores de Ateca

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha anunciado este jueves en una rueda de prensa una de las primeras medidas como consecuencia de la entrada en prisión de cinco trabajadores del centro de menores de Ateca (Zaragoza) acusados de torturas y vejaciones: abrir un expediente disciplinario a la funcionaria responsable del servicio de tutela y atención a la infancia. El Ejecutivo aragonés toma esta decisión porque ha constatado “deficiencias en los canales información y comunicación”, según ha explicado la titular del ramo. “Cualquier incidencia tiene que ser comunicada y no fue así”, ha sentenciado.

El viernes pasado, una jueza de Calatayud envió a la cárcel a cuatro empleados del centro, de gestión privada pero con concierto público, y al director del mismo, después de la denuncia y posterior toma de declaración de dos menores residentes en el centro que aseguraban haber sido objeto de agresiones por parte de los cuidadores y ante la impasividad del responsable de las instalaciones. Ese mismo día, la instructora de la causa clausuró el recurso y todos los tutelados fueron reubicados o enviados con sus familias. En el edificio vivían adolescentes bajo la custodia del Gobierno de Aragón, del de Baleares y el del País Vasco.

La consejera también ha anunciado que rescindirá todos los contratos que unen a la Administración aragonesa con las entidades responsables del centro de Ateca: el grupo Lagunduz y la Fundación Salud y Comunidad. El Ejecutivo autonómico también ha dado inicio a una reclamación administrativa por incumplimiento de contrato contra la UTE formada por las dos gestoras de las instalaciones. La titular de Bienestar Social y Familia ha afirmado que si se constata que han existido irregularidades o incluso delitos, se asegurará de que “ni a presente ni a futuro puedan seguir trabajando con el Gobierno de Aragón las empresas encargadas” de este servicio de atención a la infancia. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con ambas entidades y las dos han declinado hacer declaraciones por el momento.

El centro de Ateca está especializado en menores con problemas de conducta. En él residían tutelados nacionales, pero también extranjeros cuyas familias no residen en España. Las instalaciones abrieron en 2017 en un edificio que previamente había funcionado como residencia de mayores. Tiene capacidad para acoger a una veintena de residentes. Carmen Susín ha anunciado también que ha ordenado una auditoría interna sobre todos los centros de este tipo con plazas concertadas con la administración pública. “Se van a estudiar todos y cada uno de los contratos de los centros similares al de Ateca. El objetivo es conocer si puede haber riesgos, si se cumplen los contratos, si ha habido otros casos así como diseccionar el funcionamiento de este tipo de recursos”, ha defendido la consejera.

El sindicato CGT emitió esta semana un comunicado en el que recordaba que en 2019 ya denunciaron determinadas deficiencias en el funcionamiento del recurso de Ateca, entre las que destacaban la mala calidad de la comida, la falta de cualificación de algunos empleados y carencias en el control de las medicaciones de los internos. En esta denuncia, el sindicato se refería explícitamente a las “contenciones” injustificadas, un término usado en este ámbito para referirse a las inmovilizaciones que aplican los auxiliares sobre los tutelados cuando se produce alguna situación de tensión. CGT apuntaba a la externalización del servicio y a la falta de recursos como dos de los problemas que generaban estas deficiencias.

Por otro lado, el Justicia de Aragón, una institución semejante al del defensor del pueblo, visitó a finales de 2022 el centro y lo incluyó en su memoria de juventud e infancia de ese año. Según el informe, después de la conversación que los representantes de la institución pudiero mantener con los responsables del recurso y también con los menores residentes, se apreciaba una escasez en el personal, ya que solo disponían de una psicóloga a media jornada para una veintena de adolescentes y también dificultades para mantener a un personal fijo, por la necesidad de encontrar perfiles muy determinados que se desplazaran hasta un pueblo por un sueldo bajo.

En concreto, los chicos llegaron a decir al Justicia de Aragón y así quedó reflejado en la memoria que algunos educadores “no están al nivel que esperan para ser su referente, que deberían ser más profesionales”. Uno de los menores le dijo a este representante institucional que un educador le había dicho: “Eres tan pesada que das por el culo y embarazas”. También expresaron que algunos de los empleados eran muy jóvenes y que les faltaría, según ellos, experiencia para ser sus referentes.

Además de las denuncias por agresión y los episodios relatados por los denunciantes, la jueza estableció en un auto que, a raíz de la investigación, se había descubierto que los empleados detenidos no contaban con ningún tipo de titulación para trabajar con menores y que varios trabajadores se habían dado de baja o dimitido a raíz de la situación que se vivía en el centro. La consejera ha explicado que la auditoría tratará de conocer si “había denuncias previas sobre este centro, de qué tipo y en qué momento se produjeron”. La investigación interna también intentará determinar “si se informó a algún funcionario” de supuestas irregularidades y si “alguien miró para otro lado y actuó con falta de diligencia”.

Menores fugados

La instructora de la causa judicial también ordenó encontrar a nueve menores que permanecían fugados del centro. La consejera ha anunciado que ocho de ellos han regresado por su propio pie y están localizados y ha asegurado que cuando se tuvo constancia de su huida se notificó a la Guardia Civil. La jueza pretende tomarles declaración para saber si el motivo por el que se marcharon tiene algo que ver con los hechos que se investigan en esta causa.

Los cinco acusados continúan en prisión mientras prosigue la investigación. La defensa de tres de ellos, ejercida por el abogado Juan Manuel Martín, sostiene que no existen pruebas que avalen lo declarado por los menores y que sus representados defienden su inocencia. El Gobierno de Aragón señala que se personará en la causa como perjudicada.