Estados Unidos admite haber perdido la pista de 32.000 menores migrantes no acompañados

El Gobierno de Estados Unidos ha perdido la pista de más de 32.000 menores que llegaron al país no acompañados. No saben donde se encuentran, cuál es su estado y, lo que es peor, podrían estar expuestos a varios peligros, como el tráfico de menores para explotación sexual o laboral. Así lo ha reconocido en un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el que se revela que estos menores no han acudido a sus citas en los tribunales de inmigración.

“Basado en nuestro trabajo de auditoría y según los funcionarios de ICE [el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés], los menores que no se presentan ante el tribunal corren mayor riesgo de trata, explotación o trabajo forzoso”, advierte el inspector general del DHS, Joseph Cuffari. Además, si no se presentan a sus audiencias el riesgo para ser deportados también es mayor. Cuffari califica la situación de “urgente” e insta al ICE a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estos menores.

Entre 2019 y 2023 un total de 448.000 menores no acompañados fueron custodiados y liberados por la Administración. El Departamento de Seguridad Nacional advierte de que el número de menores cuya ubicación se desconoce puede ser mucho mayor, ya que unos 290.000 que todavía no tienen una cita para acudir a los tribunales.

Inoperancia de la agencia de Inmigración

Fuentes cercanas a los procesos migratorios de estos menores explican que el problema es que hay falta de comunicación entre las agencias involucradas y que el ICE no actualiza los datos y no comunica las citas de los tribunales para dar seguimiento a sus procesos migratorios a las direcciones correctas. Critican que en el control fronterizo trabajan muchos agentes heredados de la Administración de Donald Trump, que no apoyan que se concedan derechos a estos migrantes, por lo que dificultan el proceso para garantizarles la residencia en Estados Unidos.

“De este informe se desprende claramente que ICE no ha coordinado con otras agencias de manera efectiva ni ha completado ningún seguimiento para verificar la ubicación de los niños y el conocimiento de las fechas de la audiencia después de que los niños son liberados de la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”, afirma Shaina Aber, directora ejecutiva de Acacia, una organización dedicada a dar apoyo legal a los menores. “ICE tiene un historial de actuar de maneras que socavan los derechos y el debido proceso de los migrantes, incluso a través de errores en el papeleo que crean dificultades para los tribunales de inmigración y para las personas que intentan comprender sus fechas de audiencia y sus obligaciones de comparecer”, añade.

El informe del DHS reconoce la falta de coordinación y de comunicación entre las agencias gubernamentales y critica la labor del ICE, responsable de los procesos migratorios de estos menores, por no haber iniciado los trámites en la mayoría de los casos. Como uno de los ejemplos, el escrito plasma que no se habían dado citas al 84% de los 41.000 menores que correspondían a una de las oficinas del ICE revisadas.

Cuando cruzan la frontera sin acompañante, los menores son recibidos por agentes fronterizos que los transfieren a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Los menores permanecen una media de 27 días bajo custodia de las autoridades estadounidenses antes de ser transferidos a su nuevo destino, generalmente con familiares, en muchos casos lejanos, que residen en el país y se hacen cargo de ellos. Los que no tienen familiares en Estados Unidos, son recogidos por familias o centros de acogida. Informes anteriores ya pusieron en evidencia que no siempre se comprueban los datos de las familias de acogida, lo que hace temer por el bienestar de los menores y el peligro de que acaben en redes de tráfico de personas o sean sometidos a algún tipo de explotación, ya sea sexual o laboral.

Por su parte, oficiales del ICE declararon durante la investigación que aunque descubrieran que los hogares de acogida no presentan las condiciones mínimas de seguridad para el menor, carecen de autoridad para actuar. Uno de los agentes mostró su preocupación por no haber podido hacer nada en uno de los casos monitoreados, en el que la mujer denunció que su marido estaba manteniendo relaciones inapropiadas con la menor acogida.

La amenaza de la deportación

El abogado especializado en inmigración, Álex Gálvez, afirma que a veces el motivo por el cual no acuden a la corte no es por desconocimiento de la fecha de su audiencia, sino por miedo. “No se presentan porque los familiares no tienen recursos para contratar abogados o simplemente porque tienen miedo de que si se presentan a la corte van a deportar al menor y al tutor, porque generalmente los que reciben a los niños también son indocumentados”, explica.

Un migrante menor no acompañado se define como un niño menor de 18 años que no tiene un estatus migratorio legal en los Estados Unidos y que no tiene un padre o tutor legal en el país. Las estadísticas muestran que el 70% de los menores no acompañados tienen entre 15 y 17 años, pero el porcentaje de niños entre 0 y 12 años ha aumentado un 4% desde 2018. “Muchos de estos niños han experimentado traumas graves y han sido sometidos a horrible explotación en el camino hacia la frontera”, afirman desde la organización Save the Children.

Guatemala, Honduras y El Salvador son los países de origen de la mayor parte de los migrantes menores que cruzan la frontera sin acompañante. Estos países tienen algunas de las tasas de homicidio infantil más altas del mundo. Durante años, una crisis de violencia, guerras de pandillas y corrupción han llevado a niños y familias a huir del Triángulo Norte de Centroamérica y buscar seguridad y protección en Estados Unidos.

La legislación concede a estos menores la posibilidad de recibir asilo en Estados Unidos, pero su no comparecencia ante los tribunales en los días de su audiencia pone en peligro la obtención de su permiso de residencia. Ya sea por temor o porque no recibieron la notificación en su domicilio, su ausencia aumenta el riesgo de ser deportados.

“Es fundamental que el gobierno responsabilice a ICE por este importante error y se centre en proteger el bienestar de los jóvenes que buscan seguridad, no que responda convirtiendo un error sistémico en la gestión del papeleo en una excusa para apresurar a los niños a iniciar procedimientos de deportación”, sostiene Aber.