Tiro al blanco, AK-47 y emboscadas: el régimen de Ortega obliga a empleados públicos a recibir entrenamiento militar

El secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional de su institución le dijo a Leonardo, un guarda de seguridad del Ministerio de Salud (Minsa), que esa orden era de estricto cumplimiento. Que no admitía negación alguna: tenía que irse por una semana a un lugar no determinado a un campamento para recibir entrenamiento militar. Aprender técnicas de guerra para “estar listos para defender la revolución” que encabezan los sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo. Le dijeron que tampoco llevase su celular y no hiciera muchas preguntas.

Leonardo no se llama Leonardo. Es un seudónimo con el que protegemos su identidad para evitar represalias por contarle a EL PAÍS que desde mediados del año 2023 el régimen de Ortega y Murillo ha iniciado en Nicaragua jornadas de entrenamiento militar de civiles en diversas locaciones del país, las cuales son manejadas con estricto secretismo. Los “reclutas” son en su mayoría empleados públicos que trabajan como vigilantes (guardas de seguridad) en instituciones como el Ministerio de Educación (Mined), en hospitales estatales y en diversas alcaldías, gobernadas todas por el oficialismo.

“Me vinieron a traer a mi puesto de trabajo y me advirtieron que no llevara celular. Estaba totalmente prohibido el celular, comunicarnos con nadie, ni siquiera nuestra familia mientras durara el curso de entrenamiento”, relata Leonardo. No sabe a ciencia cierta dónde lo internaron durante una semana, pero cree, por su sentido de la ubicación, que el campamento estaba en la zona de El Chaparral, en el departamento de León, al occidente de Nicaragua. “Las primeras jornadas fueron arme y desarme de armas. Me enseñaron a montar y desmontar una AK-47. Luego formas de emboscar, desplazamiento en terreno, tiro al blanco y por último bastantes ejercicios, como cavar trincheras”.

EL PAÍS logró documentar más de ocho casos de empleados públicos que fueron llevados a estos campamentos paramilitares que operan al margen de la ley. Un trabajador de la alcaldía de Rivas, ciudad situada al sur de Nicaragua, dijo que a él lo llevaron a entrenar a un distrito policial en Managua. Los ejercicios inician a las ocho de la mañana y concluyen a las cinco de la tarde. Antes de iniciar la jornada, ya sea el secretario político encargado de ellos o el jefe de la estación policial, se dirigen a los “reclutas”. Les dicen que “ellos quedan en reserva” a partir de ahora para ser convocados en caso de “cualquier intentona golpista”.

Lo de “intentona golpista” se refiere al argumento oficial que la pareja presidencial usa desde 2018, el año que las masivas protestas sociales cimbraron al régimen. Para repeler el levantamiento cívico, el Gobierno usó la violencia letal ejercida primero por policías y luego por paramilitares sandinistas.

Entre abril y mayo de 2018, las masivas protestas sociales rebasaron a la Policía Nacional, a pesar de que ya había iniciado la primera parte de la matanza que dejó 355 ciudadanos asesinados de manera extrajudicial, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y un grupo de Expertos de Naciones Unidas. A partir de junio de ese año, el régimen inició la denominada Operación Limpieza a cargo de paramilitares sandinistas que causaron los días más sangrientos de la represión: mataron con disparos letales a casi 200 de las 355 víctimas mortales.

El oficialismo defendió la matanza paramilitar alegando que los encapuchados que sembraron el horror en las calles de Nicaragua en 2018 “eran policías voluntarios” que “defendían la paz y la revolución”. Sin embargo, la voluntariedad de los paramilitares fue refutada por los informes de la CIDH y Naciones Unidas en los que se documenta la coordinación de estas fuerzas represivas con la policía nacional, instituciones públicas y el Ejecutivo sandinista.

A partir de la desarticulación de las protestas —a lo que siguió una criminalización masiva de opositores, exilio, arrestos que no cesan y un estado policial de facto hasta la actualidad—, la “copresidenta” Rosario Murillo se mantiene amenazante contra todo aquel considerado crítico. De manera recurrente, en sus alocuciones y discursos televisados advierte “que con la paz no se juega”.

Otro vigilante de un colegio público de Managua relató a EL PAÍS que su “entrenamiento” le tocó en un polígono de tiro y lo volvieron a convocar a una segunda ronda, ya que se trata “de formación continua”. “Después que te advierten que estamos en aislamiento en los entrenamientos y no podemos contar nada, te dicen que tenemos que defender la paz y el buen proyecto del comandante Daniel y la compañera Rosario”, narra.

Reclutamiento se extiende a maestros

El diario La Prensa (cuya redacción fue confiscada por el régimen) ya reportó en marzo pasado que los entrenamientos militares alcanzaban también a los maestros de educación primaria y secundaria del sistema de educación pública. Los profesores no pueden negarse a participar ni mucho menos relatar lo que sucede en el curso militar, porque los instructores constantemente les recuerdan “el delito de traición a la patria”, el mismo que el régimen ha usado contra decenas de críticos y opositores, y que incluye cárcel, pérdida de la nacionalidad y confiscación de bienes.

“Solo te saben decir que la Ley de Traición a la Patria se aplica a quienes anden hablando con quienes no deben; que lo que se hace en el curso se queda en el curso, porque quien nos paga es Daniel Ortega, que es el Estado… y el que no apoye no debe trabajar en el Estado”, dijo un docente al diario La Prensa. De acuerdo con la misma publicación, en el caso de los docentes al curso no le llaman entrenamiento, sino que usan el eufemismo de “curso de policía voluntaria”.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más ha documentado más campamentos de entrenamiento militar en la zona norte del país, específicamente en los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Estelí.

“Hemos conocido varios casos, a través de familiares, que sus seres queridos están siendo obligados a entrenarse militarmente, sobre todo en el interior del país”, señala a EL PAÍS el abogado y defensor de derechos humanos, Braulio Abarca. “Probablemente, el objetivo de estos entrenamientos es nutrir las fuerzas paraestatales de la dictadura. Esto genera un compromiso a los empleados públicos para ejercer actos de violencia, tal como pasó en 2018. Es una situación grave, porque es un entrenamiento militar obligatorio a funcionarios públicos. En esto hay participación de la policía y el Ejército de Nicaragua. Y esto recuerda al Servicio Militar Obligatorio que tanto dolor causó a los nicaragüenses en los años ochenta”.

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