Los casos De Miguel y San Antonio elevan la pugna PP-PNV

PP y PNV se la juegan en Vitoria dentro y fuera del Ayuntamiento. La igualdad que les conceden las encuestas, aunque con ventaja para los populares, se ha visto afectada por el estallido de dos supuestos casos judiciales que, principalmente, amenazan la tranquilidad de sus respectivos discursos y, en paralelo, agrieta en exceso sus relaciones. 

Los responsables de ambos partidos coinciden en sacudirse las responsabilidades de los casos San Antonio (PP) y De Miguel (PNV) que les afecta en plena campaña hacia las municipales y forales y les expone ante las críticas del resto.

Este jueves, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, criticó que se abunde en el polémico alquiler del local de la calle San Antonio cuando “tiene a 26 personas en el banquillo por el mayor caso de corrupción política de la historia de Euskadi”, en alusión al caso De Miguel. Durante una entrevista en la emisora pública Radio Vitoria advirtió de que “alguno se va a encontrar sin campaña electoral” si el Tribunal de Cuentas del Estado “emite una decisión definitiva, independiente y firme” sobre San Antonio.

Maroto lamenta que la polémica surja en vísperas de cada campaña

No obstante, PP y PNV coincidieron en la relación existente entre la divulgación de este tipo de procesos judiciales y el ambiente electoral. Maroto recordó que el caso de los locales de San Antonio solo “sale cada vez que hay campaña electoral” y destacó que se lleva “ocho años dándole vueltas” y “nadie encontró ningún documento para ir a los tribunales” durante la comisión de investigación puesta en marcha.

En cuanto al PNV, después de encajar los efectos de la oleada informativa de los dos primeros días sobre el auto judicial del caso De Miguel — en el que son imputadas 26 personas relacionadas con este partido donde ocuparon, incluso, cargos orgánicos—, la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, subrayó ayer que no existe relación alguna entre esta red clientelar y la financiación del partido nacionalista.

Durante una entrevista en Euskadi Irratia, Atutxa recordó cómo hace cinco años, las personas denunciadas entregaron el carné del partido. “Se vio claramente que fue un acto personal de personas concretas y una vez terminado el trámite, se ha visto que no ha tenido nada que ver con la financiación del partido. La posición del PNV ha sido clara y así debería verse”, añadió.

A su vez, Atutxa recordó que tanto el Gobierno vasco como las Diputaciones Forales de Bizkaia y Álava se personaron en el caso para garantizar la defensa del interés público de la ciudadanía habida cuenta de que muchos de los contratos obtenidos por la trama que ideó Alfredo de Miguel se consiguieron en instituciones de ambos territorios y en la propia Administración vasca. El Departamento de Cultura fue uno de los focos donde sociedades instrumentales de esta trama obtuvieron varios proyectos, en muchos casos sin contraprestación alguna.