Los niños sordos de infantil y primaria se quedan sin asesores de lengua de signos

Los 183 alumnos sordos de infantil y primaria de la Comunidad de Madrid se quedarán a partir de hoy sin sus asesores especialistas en lengua de signos. No hay vuelta atrás. Los 10 profesionales de esta especialidad en toda la región, que además de enseñar a estos niños a manejarse y relacionarse asesoran a los profesores y al resto del alumnado para que haya una integración adecuada, han dicho basta: llevan cinco meses sin cobrar y no pueden más. Se unen así a otro colectivo similar que sufre el mismo problema: los 15 intérpretes de lengua de signos en servicios de la Comunidad, que son los profesionales que se encargan de acompañar a las personas sordas al médico, el banco o al juzgado. Ellos ya llevaban en huelga total e indefinida desde el 23 de octubre. Ante la falta de solución de un conflicto laboral y político enconado desde al menos una década, al final los más perjudicados serán las 5.000 personas con falta de audición de la región que dependen de estos profesionales.

El problema viene de lejos. En 2015, la Comunidad de Madrid adjudicó a través de un concurso a Cilsem, la empresa encargada de pagar el sueldo, la responsabilidad de estos profesionales. “No tiene sentido. Somos trabajadores que vamos a centros públicos y lo normal sería que hubiera una contratación directa por parte de la Administración”, dice José Luís García-Gil, representante de los trabajadores del Comité de Empresa. Pero no es así.

La empresa adjudicataria aceptó un pliego de condiciones de la Administración y, ante la falta de recursos, lleva cinco meses seguidos sin pagar el sueldo y sin aplicar la subida salarial correspondiente por convenio. Tras años de retrasos y quejas, se comprometió a ceder el servicio y subrogar la plantilla a una empresa capaz de hacerse cargo de las deudas antes de noviembre. Pero tampoco ha ocurrido.

Los sueldos, además, no son estratosféricos: los asesores sordos especialistas de los centros educativos cobran entre 900 y 1.000 euros al mes, y los intérpretes de lengua de signos en servicios entre 900 y 1.100, dependiendo de la antigüedad. “Por eso para nosotros es mucho tiempo sin cobrar”.

El Ejecutivo regional, pese a ser el responsable de la prestación del servicio, no se hace responsable y arguye que se trata de un conflicto laboral. “La relación contractual no es con la Comunidad, sino con la empresa. Nos vamos a reunir con el comité de empresa y vamos a instar a Cilsem para que efectúe los pagos”. Sin embargo, para CC OO “la actitud de la Administración es intolerable”. “Es urgente que los derechos de este colectivo se vean restablecidos”, explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC OO.