Trabajo ordena a Educación el embargo del concierto con el colegio privado María de Icíar

La polémica desatada por la Consejería de Educación al financiar una decena de centros privados de élite y otros vinculados al Opus Dei ha hecho mella en el Ministerio de Trabajo, que desde 1995 investiga a uno de los beneficiarios, el colegio privado María de Icíar que sirvió de escenario para la inauguración oficial del curso escolar el pasado 8 de septiembre. El ministerio, a través de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Paterna, ha ordenado a Educación que embargue la subvención que aprobó de 64 millones para liquidar los 83,7 millones de deuda con la Seguridad Social.

La orden de embargo a la que ha tenido acceso EL PAÍS procede de la Unidad Ejecutiva de Recaudación de Paterna, lleva fecha del 14 de septiembre y entró en el registro de la Consejería de Educación el pasado 22 de septiembre. En ella, el recaudador ejecutivo que lleva el caso notificó a la Dirección General de Centros la orden de "embargo contra el deudor Colegio Icíar S.L, o en su caso contra María Begoña Rey de Arteaga", que en la práctica es la persona que solicitó el régimen de conciertos ante la Consejería de Educación. La deuda de este colegio privado, propiedad de la familia Rey de Arteaga, con la Seguridad Social contabilizada hasta marzo de 1998 asciende a 83.756.117 pesetas. Pero fuentes de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social aseguran que en la actualidad supera ya los 100 millones. Los problemas financieros de la sociedad son de sobra conocidos por varias auditoras privadas, ya que tanto la propietaria, Begoña Rey de Arteaga, como su marido Rafael Vilar y su hijo Rafael Ignacio Vilar Rey, que es quien en la actualidad gestiona la sociedad limitada Colegio Icíar, están siendo investigados por las deudas contraídas con otras empresas, incluidas una conocida compañía aseguradora de transporte. Fuentes de la Consejería de Educación, responsable de los polémicos conciertos que enturbiaron el inicio de curso a raíz de la decisión del consejero Manuel Tarancón de inaugurar las clases precisamente en el María de Icíar, reconocieron ayer que la orden de embargo se acaba de recibir y que ha causado "profundo malestar" en los más altos niveles, ya que en la documentación de solicitud de concierto a nombre de la titular María Begoña Rey de Arteaga, no figuraba ninguna deuda. Sin embargo, precisaron que "se actuará en coherencia". De entrada, la Dirección General de Centros ya ha enviado el expediente a los Servicios Jurídicos y ordenó ayer mismo que se congele una parte del pago de la subvención, que es la que se transfiere directamente al centro como "gastos de funcionamiento". Sin embargo, se hizo hincapié en que la cantidad fijada en los módulos de conciertos para pagar las nóminas del profesorado, que se ingresan de forma individual a cada docente, seguirán su curso. "Se trata del problema de una empresa, que nos ha engañado y el juez decidirá", señalaron fuentes de la consejería.