Caso Benamaurel

Hace unos días se publicaba una carta del señor fiscal jefe de Sevilla con relación al caso de la niña de Benamaurel, al hilo de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha acordado la permanencia de la menor con sus actuales acogedores. Sorprende que las reflexiones sobre este asunto de un cualificado experto en temas de menores se reduzcan a proclamarse ganador en la batalla jurídica, obviando otras perspectivas socialmente más enriquecedoras y sobre todo que puedan servir para evitar que el "calvario judicial" sufrido por esa niña se escenifique en otros menores.

Si alguna conclusión hay que sacar de este caso es que el sistema legal de protección de menores, tanto en su fase administrativa como judicial, presenta importantes fallos que son inaceptables desde la perspectiva de un estado de derecho avanzado. La precipitación con que la Consejeria de Asuntos Sociales adopta algunas medidas de protección, la inadmisible lentitud de los procesos judiciales de menores, la falta de jueces especialistas en familia en las Audiencias Provinciales, o la difícil (por no decir imposible) ejecución de resoluciones judiciales cuando contradicen situaciones de hecho consolidadas por las entidades de protección, son sólo algunos enunciados para la reflexión que tendrían en este caso el correspondiente ejemplo ilustrativo.

En los asuntos de familia y especialmente cuando hay menores sobran dinámicas de vencedores (aunque sean sólo judiciales) y visiones para consumo de los medios; por el contrario se echan en falta aportaciones que mejoren el sistema de protección y voluntad de quien tiene los recursos para llevarlas a la práctica. Sólo así evitaremos que casos como el de esta niña vuelvan a repetirse.