Tiempo de negociaciones y desacuerdos

Esta absurda guerra escolar tiene que irse apagando". Lo dijo el jueves pasado el presidente de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), Manuel de Castro, al término de una reunión con los socialistas en el Congreso de la que salieron los primeros indicios de un posible acuerdo entre la escuela concertada y el Gobierno. No en vano, la FERE-Educación y Gestión es la patronal mayoritaria de los centros concertados religiosos. La FERE y el sindicato FSIE, que representa a la parte mayoritaria de los profesores de la concertada (31,66%), negocian ahora en solitario con el partido socialista. Sus correligionarios decidieron que el sindicato no podía seguir con ellos porque no había convocado la masiva manifestación del 12 de noviembre, que reunió a 375.000 personas en Madrid. Tampoco la presencia de FERE les era cómoda. Para ellos fue una sorpresa que asistieran también al encuentro que tuvieron con el presidente Zapatero. "Tienen todo el tiempo del mundo para reunirse con ellos", dijo un portavoz del Foro de la Familia, quien consideró que no era "un buen inicio" que el partido socialista los hubiera invitado.

El Gobierno ha prometido aumentar en la ley la financiación para la red pública

El PP considera que la reforma defiende un modelo doctrinario y discriminatorio

Después de aquella manifestación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, decidió reunirse con los organizadores y les garantizó algunas medidas concretas: los padres podrán seguir pidiendo plaza directamente en el colegio elegido (y no necesariamente a través de comisiones de escolarización); los contenidos mínimos que tendrán que estudiar los alumnos serían exactamente los mismos que ahora, el 65% en todas las comunidades (salvo las que tengan idioma propio, que será el 55%); habría un examen de recuperación con tres asignaturas suspensas; los programas de cualificación profesional se adelantarían un año, a los 15, y en cuarto de ESO habría itinerarios formativos, y no sólo asignaturas optativas, para favorecer la especialización. Zapatero anunció también que se reuniría con las organizaciones educativas que no fueron a la manifestación. Estos encuentros devolvieron el asunto educativo al plano social, si bien nunca se ha sustraído del todo de la politización. A la manifestación acudieron los principales dirigentes del PP, que comparten "prácticamente todas las reivindicaciones", y una representación purpurada de Iglesia.

Entre los convocantes, una decena de organizaciones conservadoras estuvieron a la cabeza la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa), el sindicato USO y la patronal CECE. Todos ellos están en el Consejo Escolar del Estado. Y también los alumnos de la Confederación de Estudiantes (CES). Otras organizaciones que convocaron o apoyaron son más desconocidas o menos vinculadas a la educación. Todos ellos se reunieron con Zapatero, quien les emplazó a una segunda reunión con el grupo socialista en el Congreso. El presidente les dijo que habría tiempo para las negociaciones, pero no les concedieron la paralización de los trámites parlamentarios alrededor de la ley, que ya habían comenzado. Pero la reunión en el Congreso no empezó con buen pie. Es más, no empezó cuando parecía que iba a hacerlo, el viernes, 18 de noviembre. Se aplazó hasta el pasado miércoles. Se celebró esa reunión y no hubo más. La plataforma contraria a la Ley Orgánica de Educación (LOE) dio por rotas las negociaciones, acusó a Zapatero de haberles engañado y tachó la reunión con el portavoz socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, de "estrategia" y "teatro". También anunció actuaciones que irían "más allá" de las clásicas movilizaciones. "Haremos lo posible por que esta ley no se apruebe, y, si se aprueba, porque se derogue cuanto antes", dijo la presidenta de la patronal CECE, Isabel Bazo.

Después se reunieron con el grupo parlamentario del PP y continuarán haciéndolo con el resto de los partidos políticos.

Mientras, las organizaciones de la enseñanza pública se reunían con Rubalcaba y consiguieron un compromiso para incrementar la financiación que debería quedar recogido en la ley y que sirviera para implantarla con mayor holgura económica. También prometieron algunas medidas para mejorar los servicios complementarios en la escuela pública, como los comedores escolares.

Los socialistas esperan, así lo dijo el portavoz de Educación en el Congreso, Raimundo Benzal, que los acuerdos que se puedan lograr con las fuerzas sociales tengan un reflejo parlamentario. Todos los implicados han manifestado en múltiples ocasiones que el sistema educativo español necesita un consenso político y social que le dé estabilidad en el tiempo. Pero el juego político tiene sus reglas. La semana pasada los partidos debatieron las enmiendas que quieren incorporar a la nueva ley. CiU y el grupo vasco coinciden en que la educación pública debe reforzarse, pero pidieron que la concertada no se deje de lado por ello porque necesita "financiación suficiente". "La ley debería hacer más explícitos algunos aspectos relacionados con la concertada", dijo el diputado del PNV Aitor Esteban, aunque añadió que "hay margen para el acuerdo".

La portavoz de CiU en la comisión, Mercè Pigem, pidió que se respete la "libertad de elección de los padres". Y también insistió en que "hay que acercar posiciones, si no, la ley será corta". En el ala de la izquierda, la representante de Izquierda Verde, Carme García, advirtió el viernes que aún "no hay garantías" de que su grupo apoye esta ley. Para ellos, algunas cuestiones son "irrenunciables". Advirtió de que puede garantizarse el derecho de los padres a elegir centro, no el de los colegios a seleccionar su alumnado.

El diputado de ERC, Francesc Canet, apoyó una ley con "cesiones" en aras de la "estabilidad". Pero no "si se abandonan los principios de servicio público y distribución equitativa de alumnos [inmigrantes]", entre otras cosas.

Con esas premisas, la negociación entre la escuela concertada (FERE y FSIE) y los socialistas podría dar algunas claves para un futuro acuerdo. Queda por saber también si el PP, el principal partido de la oposición, encontrará margen para sumarse a él.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, dijo ayer que la LOE es la plasmación de un modelo educativo "doctrinario" y "discriminatorio", que es fruto de las alianzas de Zapatero con IU y los "independentistas" de ERC. Acebes asegura que en el texto de la ley se percibe "claramente" la influencia del partido de Carod-Rovira, algo que se constata en que es un "proyecto antiespañol". El PP pide que existan unas enseñanzas comunes para toda Española y que se garantice que los padres puedan elegir el colegio de sus hijos.