El juez achaca a Otegi la violencia de la huelga y decidirá el lunes si le encarcela

El juez Fernando Grande-Marlaska dictó ayer un auto por el que responsabiliza al líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, y a otros cinco dirigentes de la izquierda abertzale de los actos violentos ocurridos durante la jornada de huelga convocada tras la muerte en prisión de los presos de ETA Igor Angulo y Roberto Saiz. Por ello les ha convocado a declarar para la semana próxima y anticipa que previsiblemente les enviará a prisión para evitar la reiteración delictiva. La huelga contra la política de dispersión de los presos tuvo una incidencia "mínima" o "nula", según resaltaron el Gobierno y la patronal vascos, respectivamente. La Policía y la Ertzaintza detuvieron a 12 personas por los numerosos incidentes que se produjeron.

El juez Marlaska destaca los hechos delictivos que se produjeron ayer en localidades del País Vasco, Navarra y Cantabria, como "colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas, etcétera", que, a su juicio, "han puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional".

El magistrado señala que dicha jornada "se denominaba de huelga, sin justificación conocida, excepción del fallecimiento de Igor Angulo y Roberto Saiz" y no venía avalada por partido político legalmente constituido. Agrega el juez que el sindicato LAB había auspiciado en cierta medida la convocatoria, pero que "el propio lema, Dispersión asesina, no encaja suficientemente con los principios que deben regir (...) en defensa de los derechos de los trabajadores".

Prueba de que la convocatoria no tiene que ver con la defensa de los trabajadores, según el juez, es que fue "anunciada principalmente por miembros de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi y Pernando Barrena, en sendos actos de fechas 5-3-06 y 7-3-06, ocupando representantes del sindicato LAB posiciones de mera presencia o apoyo al llamamiento público".

"La anterior circunstancia", precisa la resolución del juez Marlaska, "así como incluso la colocación de cuatro artefactos explosivos reivindicados por la organización terrorista ETA", constituye un elemento más que apoya "el juicio jurídico dictado en distintas resoluciones obrantes en la causa sobre el desdoblamiento de los frentes de ETA, y la consolidación de Batasuna como frente político institucional". El magistrado cita como prueba de esa actuación la conducta de Otegi; la del máximo responsable de Gestoras pro Amnistía, Juan Mari Olano; del secretario general de LAB, Rafael Díaz Usabiaga; del ex parlamentario Pernando Barrena; del portavoz de Batasuna Juan José Petrikorena y de la dirigente de Batasuna y abogada de etarras Arantza Zulueta. El juez considera que existe una probable reiteración delictiva, por lo que les ha citado para la próxima semana a declarar y para celebrar una vistilla en la que previsiblemente ordenará su ingreso en prisión. Otegi está en la actualidad en libertad bajo fianza de 400.000 euros.

Por otro lado, durante la jornada de paro, los huelguistas colocaron barricadas o cadenas en algunas carreteras o calles, realizaron sabotajes en los transportes y ataques contra autobuses, líneas de metro y ferrocarriles. Los sabotajes ocasionaron retrasos, pero no paralizaron el servicio. Los piquetes informativos del sindicato abertzale LAB recorrieron las capitales o algunos polígonos industriales para intentar extender una huelga que tanto la patronal como el Ejecutivo vasco minimizaron. Los convocantes fracasaron en su intento de llevar también el paro a los centros educativos y universitarios.

Como consecuencia de los incidentes, la policía detuvo a ocho personas en Navarra y la Ertzaintza a otras cuatro en Euskadi.

El Gobierno cifró en un 1% el paro en la Administración vasca, entre un 4% y un 5% en la Enseñanza y un 0,5% en la Sanidad. La central LAB estimó que la huelga en ambas comunidades autónomas afectó de forma desigual a 200 empresas, centros educativos, hospitales o servicios municipales y que unas 25.000 personas participaron en las diferentes movilizaciones. En la capital donostiarra, donde se celebró la manifestación más numerosa con la participación de menos de 2.000 personas, Otegi declaró que la huelga tenía el doble objeto de denunciar la política penitenciaria y mostrar con claridad que hoy es posible generar condiciones para un proceso democrático porque "decenas de miles de personas comprometidas con la resistencia y la lucha han dado, con esta huelga y las movilizaciones, un nuevo paso para contribuir a crearlas ", dijo.