Gramepark construía sin el encargo formal del Ayuntamiento

Cuando los grupos de la oposición de Santa Coloma reciban hoy la extensa auditoría sobre Gramepark, se encontrarán con un varapalo a su gestión entre 2007 y septiembre de 2009. El informe que el Ayuntamiento de Santa Coloma encargó a Deloitte sobre la actividad de su constructora pública, investigada por el juez Baltasar Garzón por el caso Pretoria, advierte de que la empresa ha ejecutado obras por dos millones de euros sin encargo del Consistorio. Además, el documento señala varias deficiencias de control interno y contabilidad que cometió el equipo que gestionó la sociedad bajo mandato del ex alcalde socialista Bartomeu Muñoz, imputado en la causa.

El Ayuntamiento y Gramepark firmaron en junio de 2008 un convenio por el que la constructora podría ejecutar un conjunto de obras entre 2007 y 2011. Sin embargo, varias condiciones que fijaba el acuerdo nunca se cumplieron. La auditoría expone que la junta de gobierno local sólo aprobaba los proyectos, pero advierte de que eso "no constituye el encargo". El informe es claro: ni había consignación presupuestaria para los proyectos ni se elaboró ni aprobó nunca el plan económico y financiero que exige el convenio.

La auditoría avala los informes negativos de la ex interventora local

Los números rojos de la constructora son de 2,72 millones hasta septiembre

La compañía debe más de 63 millones de euros, sobre todo a bancos

La auditoría avala los informes negativos que emitió durante todo 2009 la ex interventora municipal Maite Carol, que fue apartada de su cargo. Sin embargo, a pesar del rechazo de Carol, las obras seguían adelante, puesto que la junta de gobierno, en la que, además de Muñoz, estaba también la actual alcaldesa Núria Parlón, no tenía en cuenta los avisos de la ex funcionaria.

Además de las obras sin encargo, éstos son otros puntos en los que pone el acento la auditoría que el gobierno local presentará hoy a la oposición (CiU, ICV y PP) y cuyo contenido ya avanzó EL PAÍS el viernes pasado.

- Incompatibilidades. La Oficina Antifraude, que ha asumido la gestión de Gramepark, decidió apartar al gerente de la sociedad, Manuel Sierra, y al arquitecto, Jordi Nadal Estrada, por haber realizado trabajos para Proinosa, una de las principales adjudicatarias de obra pública de la ciudad. La auditoría halla más vínculos con otras contratistas. Nadal participó en "un proyecto de ordenación y definición de usos" de una plaza de Barcelona para la empresa Gecopatrimoni, participada por Gecoinsa, la quinta adjudicataria. La empresa, según Deloitte, además es socia de Pasca, que ha realizado "diversas obras" en la ciudad.- Torre Sonia. Una de las obras que gestiona Gramepark sin encargo es la del edificio donde deben realojarse los afectados por la explosión de gas del barrio de Fondo en 2006. "No hay un encargo formal por parte del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet acerca de la gestión de la ejecución de las obras por parte de Gramepark", apunta el informe. El cometido, procedente de alcaldía, fue trasladado "verbalmente", y sólo se refería a las gestiones y no a la promoción, aunque a la práctica también acabó asumiéndola.

Los fiscalizadores de la actividad de Gramepark también echan de menos otros documentos. Los antiguos gestores de la sociedad pública informaron al Ayuntamiento de que el proyecto del inmueble supondría un déficit de 3,5 millones de euros, por lo que propusieron construir nueve viviendas más que permitieran cubrir esta cantidad. Sin embargo, los auditores no han hallado soporte documental alguno sobre esta comunicación ni tampoco consta "formalmente" que los vecinos del edificio, constituidos en comunidad de bienes, aceptaran esta decisión.

El informe también ahonda en el proceso de adjudicación de esta obra. Tras un concurso público, la primera fase fue adjudicada a Proinosa -cuyo presidente, Josep Singla, también está imputado- por 767.000 euros.

En abril de 2008 se procedió a la adjudicación de la segunda fase, en la que Proinosa quedó quinta. Aun así, el 7 de mayo de ese año el entonces arquitecto, Jordi Nadal, presentó al consejo de administración de Gramepark un informe en el que recomendó dar la obra a Proinosa, que ya había hecho la primera parte. El consejo aceptó y la adjudicó a la constructora por 600.000 euros.

- Adjudicaciones de hasta 400.000 euros. La auditoría pone de manifiesto que la presencia de varios concejales, como la del también imputado Manuel Dobarco, en todas las esferas de decisión de Gramepark "limitan la efectividad de la segregación de funciones". El informe, además, destaca que el consejo de administración aprobó la delegación en Dobarco y Sierra de la adjudicación de las obras de hasta 400.000 euros, cuando las normas fijan que ese importe requiere de un procedimiento negociado, una modalidad de concurso restringido.

A pesar de que Deloitte señala que el examen de los procesos de contratación se dejan para otro informe, la consultora resalta algunas irregularidades. Se distribuyen en cinco apartados: obras y servicios adjudicados a dedo o con un procedimiento inadecuado sin justificación; la licitación, e incluso ejecución, de proyectos sin respetar el plazo de información pública; la ejecución de obras sin encargo específico del Ayuntamiento; adjudicaciones a empresas que no han tenido la mejor puntuación económica y técnica en los concursos, y desviaciones presupuestarias.

Los auditores detallan estas prácticas a lo largo de la descripción de cada obra realizada entre 2007 y 2009. Tal como avanzó este diario el pasado viernes, hay procesos irregulares en 29 proyectos que suman 35 millones de euros.

- Gestión deficiente. De la auditoría se desprende que la gestión de Gramepark era cuando menos deficiente. Además de que la contabilidad se llevaba a mano, lo cual dio lugar a errores, la sociedad tenía varios compromisos adquiridos "no contabilizados" referentes a expropiaciones. Además de estos errores, Deloitte también indica que la sociedad imputaba, indebidamente, las subvenciones en el resultado del ejercicio.

- Endeudamiento elevado. A falta de valorar todos los activos inmobiliarios, el patrimonio neto ajustado de Gramepark era de 7,58 millones de euros, cuando en diciembre de 2008 era de 14,3 millones. La sociedad siguió con pérdidas hasta esa fecha, cuando registraba unos números rojos de 2,72 millones de euros. Las obligaciones a corto plazo, además, suman 63 millones de euros, lo cual arroja una situación de apalancamiento -la relación entre el pasivo exigible y el activo de la empresa- que oscila entre el 88% y el 93%. La proporción es muy elevada, aun siendo una empresa que se dedica a un sector en plena crisis.

Los auditores resaltan como "muy relevante" la facultad de las entidades financieras para exigir a la sociedad "la amortización anticipada" de "la totalidad de las cantidades adeudadas", sobre todo en el caso de que los activos se devalúen por encima del 20%. La empresa, además, ha obtenido avales del Ayuntamiento para renovar las pólizas de crédito, que ascienden a 27,8 millones de euros y cuyos tipos de interés se han triplicado.

La principal amenaza de Gramepark ahora es, sin embargo, quedarse sin liquidez. Y ello depende, según Deloitte, sobre todo de tres factores. El primero, la evolución del mercado inmobiliario, que ha sido el sector más tocado por la crisis. El segundo factor es si el Ayuntamiento decide comprar o alquilar los inmuebles que ocupa, en especial en la plaza de Olimpo, y que ascienden a 11,2 millones. Y por último, Gramepark ha realizado una inversión de 18,4 millones en suelo que requerirán de más capital para su gestión.