La inmunidad como parlamentario le protege aún en cinco sumarios

Silvio Berlusconi está imputado en tres juicios y se le investiga en otros dos más. Aunque llegue a ser un simple diputado, la inmunidad parlamentaria seguirá protegiéndolo. Hasta ahora ha podido escabullirse, alargando los tiempos ya bíblicos de la justicia italiana, gracias a varias leyes confeccionadas a la medida de sus líos. Una mayoría disciplinada se las aprobaba sin rechistar.

Sin embargo, hay órganos de garantía por encima del Parlamento. El Tribunal Constitucional consideró ilegal la ley Alfano -que suspendía los juicios a los cuatros cargos más altos del Estado-, y un referéndum con gran participación tumbó la norma del "legítimo impedimento" (que establecía algo así como: "No puedo acudir al banquillo porque estoy muy ocupado gobernando el país"). Pese a ello, Berlusconi podría seguir esquivando los tribunales si justifica su ausencia con compromisos políticos como, por ejemplo, una sesión en el Congreso.

La acusación por corrupción de testigos es la que más le inquieta

'Il Cavaliere' es investigado en dos procesos sobre escándalos sexuales

Sin embargo, si hubiera sentencia condenatoria, el Parlamento podría desaforar al tres veces primer ministro, que se vería así a las puertas de la cárcel.

Lo que más preocupa al primer ministro es el juicio que ya llevó a la condena de David Mills, el abogado inglés que a partir de 1978 creó para su empresa Fininvest una red de sociedades off shore en el extranjero (que garantizaban a Il Cavaliere ingresos invisibles para el fisco italiano). Los jueces que le condenaron escribieron en la sentencia que "Mills actuó como falso testigo" en dos juicios por fraude y cohecho en los que estaba imputado su jefe, "para consentir la absolución de Berlusconi y para sacar ventaja económica".

Las sesiones del juicio contra Mills dejaron claro que su testimonio fue determinante para que los antiguos juicios contra Berlusconi terminaran en nada. Por sus mentiras en los tribunales, el abogado británico obtuvo 600.000 dólares (unos 439.000 euros) por parte de su muy agradecido jefe. Por eso Berlusconi está acusado de corrupción de un testigo. Se aprovechó la ley Alfano para suspender el juicio durante meses, y luego del "legítimo impedimento" para no acudir al banquillo y alargar los tiempos del pleito, esperando su fecha de caducidad (principios de 2012). La sentencia podría llegar el 16 de enero.

La gestión opaca de sus empresas y de los beneficios que producen le hizo enfrentarse a varias acusaciones de cohecho y fraude fiscal. El único juicio que sigue en pie por estos delitos -de los otros siempre logró salir limpio- se refiere a la compraventa de derechos para retransmitir formatos televisivos en las cadenas de Mediaset, su grupo televisivo. Berlusconi compraba a un euro pero declaraba gastar dos, escondía la diferencia en el extranjero y fue acumulando una fortuna fuera de los confines nacionales sobre la que no pagó impuestos. El juicio ya está encarrilado en primera instancia y se refiere a delitos acontecidos hasta 2003.

Siempre en Milán, Berlusconi tiene otra cuenta pendiente: los fiscales le acusan de inducción a la prostitución de menores. El caso se centra en la marroquí Ruby Robacorazones, con la que el político italiano habría mantenido relaciones sexuales, pagando por ellas, cuando aún no tenía 18 años.

Este juicio se halla en la fase de investigación preliminar. Sin embargo, conllevó un importante revuelo mediático y asestó un duro golpe a la credibilidad del primer ministro. Las declaraciones de Ruby encendieron los focos sobre una verdadera red de chicas que cobraban un dineral para participar en fiestas nocturnas (el bunga-bunga) en la mansión de Arcore, a las puertas de Milán.

Las noches del primer ministro, que en septiembre cumplió 75 años, estaban llenas de animación no solo lejos de Roma, cuando volvía a su Milán natal para desconectar del ajetreo político. La fiscalía de Bari, que aún no ha formalizado la acusación, le investiga por un delito de inducción a rendir falsos testimonios: Berlusconi habría pagado al empresario Giampaolo Tarantini para que este mintiera a los fiscales que le investigaban por haber llevado, entre 2008 y 2009, a una treintena de prostitutas a la residencia romana del primer ministro, el Palacio Grazioli, y a Villa Certosa, en Cerdeña.