Bruselas establece nuevas fuentes de recaudación para amortizar el fondo de recuperación

A grandes deudas, grandes impuestos. La Comisión Europea tiene previsto aprobar este miércoles un proyecto legislativo para establecer tres nuevas fuentes de ingreso para el presupuesto comunitario, destinadas a amortizar los 800.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo. El plan, al que ha tenido acceso EL PAÍS, prevé reembolsar la mayor emisión de deuda conjunta en la historia de la UE mediante un nuevo gravamen a la impronta de CO₂ de ciertas importaciones, a la recaudación del mercado de emisiones, y, sobre todo, con el futuro impuesto a las grandes multinacionales.

“Una corriente constante de ingresos procedente de nuevos recursos garantizaría un reembolso predecible y estable”, defiende la Comisión en el proyecto elaborado por el departamento de Johannes Hahn, comisario europeo de Presupuestos. La propuesta consiste en desviar hacia el presupuesto europeo una parte de los ingresos que se obtengan por canales ya existentes, como la subasta de derechos de emisiones, u otros de próxima creación, como la tasa de CO₂ a ciertas importaciones o el impuesto a las multinacionales pactado en el marco de la OCDE.

El impuesto a las multinacionales podría generar en la UE unos ingresos adicionales de hasta 83.000 millones de euros, según el centro de estudios fiscales EU Tax Observatory, de la Escuela de Economía de París. El mercado de emisiones, cada vez con ingresos más boyantes, recauda ya unos 14.000 millones de euros al año, de acuerdo con los datos de la Comisión Europea. Y cálculos citados por el Parlamento Europeo cifran entre 5.000 y 14.000 millones anuales la recaudación de la tasa de CO₂. Las tres partidas deben contribuir, según la Comisión, a amortizar el fondo de recuperación.

Bruselas calcula que en los 10 primeros años de amortización, a partir de 2026, ya se habrían reembolsado unos 200.000 millones de euros, la cuarta parte de la deuda que se prevé emitir. Y los préstamos quedarían definitivamente saldados en 2058. La Comisión subraya que la obtención de nuevos ingresos permitirá pagar esa histórica factura sin necesidad de reducir otras partidas del presupuesto europeo, como los fondos regionales y agrícolas.

Las tres nuevas fuentes de ingresos se incorporarán, si reciben el visto bueno unánime del Consejo, a la llamada Decisión sobre recursos propios, que fija las modalidades de financiación del presupuesto de la UE. Hasta la pandemia, los presupuestos comunitarios se financiaban con una parte de la recaudación del IVA, con los aranceles exteriores y, sobre todo, con una contribución de cada país proporcional a su riqueza.

A ello se añade que, a finales del año pasado, ya se introdujo un nuevo recurso propio de la UE, calculado a partir de los residuos de envases de plástico no reciclados en cada país. Y antes de 2024, la Comisión tiene previsto aprobar otro proyecto para captar impuestos adicionales, como el de las transacciones financieras y, tal vez, la tasa digital.

El desvío de recursos hacia el presupuesto comunitario supondrá una ligera merma en los ingresos nacionales. España, uno de los países más beneficiados del fondo de recuperación (con hasta 140.000 millones de euros asignados), perderá parte de los 1.200 millones de euros anuales que suele recaudar a través del mercado de emisiones. Y otra parte de los 5.200 millones anuales previstos con el impuesto a las multinacionales.

Pero Bruselas considera imprescindible establecer nuevas fuentes de financiación para el presupuesto comunitario tras haberse embarcado en la mayor emisión de deuda de la historia de la UE. Antes de la pandemia, la Comisión Europea emitía bonos por apenas 3.000 millones de euros al año. Pero en 2021 ha emitido deuda por valor de 70.000 millones de euros solo para financiar el plan de recuperación. Y para el año que viene ha fijado un techo de emisión de 140.000 millones en bonos a largo plazo y 60.000 millones en letras de vencimiento más corto. En 2031, la UE afrontará ya una amortización de un total de 30.000 millones de euros, según los datos de la Comisión.

La Comisión espera que las tres nuevas fuentes de ingreso se aprueben durante el primer semestre del año que viene para que puedan empezar a aplicarse desde el 1 de enero de 2023. La nueva Decisión, sin embargo, requiere la unanimidad y la ratificación en cada país en función de sus normas constitucionales, por lo que el calendario siempre puede variar. La mayoría de los países, sin embargo, tienen interés en dotar a la UE cuanto antes de fuentes de financiación adicionales y estables. Unos, para no ver recortadas posibles ayudas; y otros, para no tener que aumentar su contribución nacional al presupuesto común.

Impuesto a las importaciones

El impuesto a ciertas importaciones, bautizado como mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono, se aplicará al cemento, hierro, acero, aluminio, fertilizantes y electricidad procedentes de países donde la producción no esté sometida a una penalización por CO₂ equivalente a la europea. Los cálculos sobre el ingreso potencial son muy aproximados porque se desconoce cómo evolucionará la producción en los países más afectados (Rusia, China, Turquía y Ucrania, sobre todo) y cómo afectará el impuesto al flujo comercial entre la UE y terceros países para esos productos.

Más previsible es el ingreso procedente del mercado europeo de emisiones de CO₂, cuya recaudación ha ido aumentando desde los 600 millones de euros en 2012 a más de 14.000 millones de euros el año pasado. Entre 2012 y junio de 2020, los Estados de la UE ingresaron más de 57.000 millones, según la Comisión.

El departamento de Hahn prevé que esa recaudación siga creciendo con las recientes reformas del mercado propuestas, que extenderán al sector marítimo la obligación de comprar derechos, obligarán a las líneas aéreas a una mayor participación en la subasta y establecerán un mercado para las emisiones de edificios y transporte. En la actualidad, la mayor parte de la recaudación termina en las arcas de los Estados.

En cuanto al acuerdo sobre el impuesto de sociedades logrado por la OCDE en octubre de este año, el EU Tax Observatory calcula que la imposición mínima del 15% puede suponer para la UE un aumento de 83.000 millones de euros en la recaudación. Para España, esos ingresos podrían ascender a 5.200 millones, un 18% de la recaudación actual, según la misma fuente.

El proyecto que tiene previsto aprobar la Comisión el miércoles contempla que un porcentaje de todo lo recaudado por el mecanismo de ajuste en fronteras, por las subastas de derechos de emisiones y por el impuesto a las multinacionales se destine al presupuesto comunitario como nuevos recursos propios. Bruselas tendría así garantizadas dos nuevas fuentes de ingresos para las próximas décadas.