¿La pequeña infancia como bien común?

La realidad es tozuda. Sabemos bien y con suficientes evidencias que las políticas para la pequeña infancia son claves para afrontar uno de los principales retos de la humanidad: reducir las desigualdades sociales, de género, educativas… A pesar de ello, la educación y la crianza de las niñas y niños hasta los seis años y, en especial, los primeros 1000 días de vida sigue siendo materia, básicamente, de la esfera privada, de las familias. Sobre todo e injustamente, un tema “de las mujeres” que hacen lo que buenamente pueden en sus hogares y con sus redes de apoyo.

Si medimos la pequeña infancia por su peso en la agenda pública, esta etapa vital tan estratégica personal y socialmente, es también una política pequeña. Genera un debate público escaso y también estrecho que, por lo general, se reduce a las escuelas infantiles y raramente se ensancha para discutir a fondo cómo universalizar y cómo diversificar los servicios públicos educativos y de cuidados para apoyar a las familias con unas necesidades cada vez más diversas, desiguales y aisladas socialmente.

En la que se esperaba que fuera la nueva Ley de familias (ahora pendiente de nueva legislatura) se avanza en reconocimientos importantísimos: en los derechos de la infancia a ser cuidada, en asumir que las familias no pueden solas y que todas merecen y necesitan apoyos diversos y de calidad en esta tarea de vital importancia, y que hay que priorizar con equidad. Sin embargo, en nuestra sociedad patriarcal y adultocéntrica el bienestar y la igualdad de oportunidades de la pequeña infancia (aún) no es un asunto público de primer orden. Parece que sólo interesa si tienes hijos o hijas pequeñas, como un bien particular. En otras palabras, la pequeña infancia no se entiende como un bien común: todavía pensamos en “mi niño” en lugar de “nuestra infancia”.

Hoy en España es tres veces más probable ser pobre si eres un niño o niña que una persona adulta y llevamos décadas con esta realidad invisibilizada de la pobreza infantil. En este escenario de empobrecimiento y desigualdad es urgente movilizar y enfocar los recursos públicos con justicia social y asegurar que lleguen, prioritariamente, a la infancia más desfavorecida y hacer posible su derecho a unas vidas dignas. Se trata de materializar aquella sabiduría popular de “los niños y niñas primero” o lo que el Nobel de Economía James Heckman acuñó con “la ecuación de inversión en infancia” cuando mostró que, si queremos reducir la pobreza y además ahorrar, hay que invertir dinero público en la infancia y, mejor aún, en la pequeña infancia. Es justo, inteligente y eficiente. Pero España sigue con una inversión en infancia por debajo de la mitad de la media europea. Y, por ello, está en la cola de Europa en bienestar infantil con 1 de cada 3 niños y niñas en situación de pobreza. Una vergüenza colectiva.

Ante esta realidad necesitamos dar más peso (y recursos) a las políticas que garanticen que nuestra pequeña infancia pueda crecer y convivir con bienestar material y emocional, para que puedan vivir unas vidas dignas de ser vividas, con palabras ecofeministas de Yayo Herrero. Para avanzar en ello, las familias necesitan suficientes apoyos para hacer de familias y situar la sostenibilidad de la vida y la democratización de los cuidados de la pequeña infancia entre las cuestiones centrales de interés público, más aún en el escenario de reto demográfico y descenso de la población infantil. Avanzar usando distintas herramientas de las políticas públicas, como mínimo, en cuatro terrenos que implican a las diferentes administraciones, incluyendo las locales, como demuestran varias experiencias de Barcelona que pueden resultar útiles e inspiradoras.

En primer lugar, reforzar y desburocratizar las prestaciones económicas con la ayuda estatal de crianza ampliada y el ingreso mínimo vital con complemento de infancia, así como la renda garantida ciudadana (renta garantizada ciudadana) en el caso de Catalunya. Se trata de asegurar que, efectivamente, son políticas de rentas robustas, que llegan a todas las familias que más lo necesitan y que logran los efectos deseados, en especial, en la pequeña infancia.

En este sentido, es importante destacar la apuesta de la ciudad de Barcelona con el Fondo 0-16 años con una ayuda de 100€/mes dirigida directamente a la infancia. Sus impactos se han evaluado y muestran su capacidad para mitigar efectos de la pobreza; y por ello, el Fondo 0-16 se ha consolidado y ampliado para alcanzar a 20.000 niños y niñas. Esta ayuda se suma a otras que son también claves en las políticas públicas para el bienestar y la equidad educativa en toda la etapa de la infancia como son las becas comedor (que en Barcelona ya llegan a uno de cada cuatro alumnos hasta los 16 años), así como las becas de actividades de verano o las becas de tardes para extraescolares tanto deportivas (que ya alcanzan a más de 15.000 niños y niñas) como también artísticas (que se estrenan este curso).

Un segundo paquete de apoyos vertebral es el de los servicios públicos de calidad sobre todo en educación, salud y cultura, empezando con escuelas infantiles públicas suficientes y de calidad que, al mismo tiempo, sean equipamientos comunitarios abiertos al barrio como “casas de la pequeña infancia”. En el caso de Barcelona se cuenta con la mayor red municipal con 105 escuelas infantiles que crece en cantidad y calidad y que ya da servicio educativo público al 25% de los niños y niñas menores de tres años de la ciudad, más del doble que otras grandes ciudades como Madrid con 11% o Valencia con 8%. Pero no va sólo de escuelas infantiles, como decía Phillipe Meirieu en un reciente artículo en EL PAÍS, “hay que velar porque la crianza no siga siendo el ángulo muerto de las políticas públicas” y ponía en valor los espacios familiares de crianza municipales donde romper la soledad, reforzar vínculos y hacer comunidad. También Barcelona puede aportar su trabajo en este campo con una nueva red que ha doblado los espacios familiares de crianza municipales en la ciudad o con el nuevo servicio público de canguro municipal en los barrios más desfavorecidos, como recogía un reportaje en este mismo periódico. Recursos cada vez más diversos, abiertos y conectados entre sí y con un papel esencial de atención primaria de salud pediátrica por donde pasa prácticamente toda la pequeña infancia. Sin olvidar que los servicios y los derechos culturales que van ganando terreno también pasan por reducir brechas y que toda la infancia participe de la vida cultural desde los primeros años de vida (en bibliotecas, teatros, museos…) con propuestas también para la ciudadanía de talla XXS.

En tercer lugar, más allá de dinero y servicios, cabe seguir avanzando en las políticas de tiempo en todos los niveles de gobierno y agentes sociales con permisos para conciliar y que la corresponsabilidad de los cuidados se dé con justicia de género y con una reorganización de horarios y usos del tiempo, como las iniciativas y pactos iniciadas en Barcelona.

Y, finalmente, el espacio: tanto el acceso a una vivienda en condiciones dignas como el disfrute de un espacio público amable y saludable, con naturaleza urbana donde crecer, vivir y compartir juegos al aire libre. Cuando en la nueva agenda urbana se reivindica el derecho a la ciudad, quizá toca preguntarnos cómo lo hacemos realidad de manera más democrática, teniendo en cuenta también los derechos específicos de la infancia.

En esta dirección cabe subrayar, por un lado, el derecho al juego que en Barcelona ha dado lugar al Plan de juego en el espacio público para crear una ciudad jugable. Y, por el otro, el derecho a crecer en un entorno saludable, con acciones concretas como las de la ciudad condal: con la estrategia Bressols pel Clima implicando la comunidad educativa desde la pequeña infancia y con la pacificación y naturalización de patios y entornos escolares y la transformación en el conjunto de la ciudad con superilles (supermanzanas) para que sea más habitable y menos contaminada. Exactamente en el sentido que reclama el Comité de Derechos de la infancia de Naciones Unidas que, en su reciente Observación General (número 26, agosto 2023), pone negro sobre blanco en las obligaciones de los gobiernos de corregir los daños ambientales y el cambio climático, también como un derecho de la infancia.

Los mandatos políticos que empiezan lejos de invisibilizar los intereses de la pequeña infancia y sus familias (poco articulados y poco ruidosos) tienen la oportunidad de retomar pasos decididos e imprescindibles para que la odisea de sostener la vida durante los primeros años, y en especial los 1.000 primeros días de vida, sea una tarea más compartida, más apoyada, más pública. Nos jugamos mucho donde todo empieza. Tenemos pendiente un pacto social para que la pequeña infancia, tanto en el imaginario colectivo como en las políticas públicas, sea tratada auténticamente como un bien común.

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