La trama de compra de votos de Melilla se valió de albañiles y pequeños empresarios para amañar los contratos públicos

Albañiles, pequeños empresarios de la construcción, un vendedor de repuestos para vehículos, otro de muebles, el dueño de bar y un par de trabajadores de la limpieza. La investigación sobre la supuesta trama de compra de votos destapada en Melilla poco antes de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo ha puesto en foco en microempresas y autónomos de esta localidad que presuntamente recibieron contratos amañados entre 2019 y 2023 desde las consejerías del gobierno local que controlaba Coalición por Melilla (CpM), el partido de Mustafa Aberchán, uno de siete dirigentes de este formación detenidos el martes por la Policía Nacional.

Se trata, en concreto, de seis mercantiles, la mayor parte con un solo empleado, y 15 personas que figuran como autónomos o administradores de estas que, en los cuatro años en los que el partido localista formó parte del Ejecutivo de Melilla recibieron contratos supuestamente amañados que presuntamente sirvieron a la formación para financiar, entre otras cosas, la compra de votos para dos comicios. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, María del Carmen Perles, ordenó ya en junio al Gobierno local, poco después de los primeros arrestos, que suspendiera cualquier pago que estuviera previsto hacer a estas empresas y autónomos por parte del propio ejecutivo, de las empresas municipales o de las sociedades públicas dependientes del mismo.

Según el listado de empresas y autónomos bajo sospecha, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se trata de cinco pequeñas empresas que tienen como objeto social “construcción de edificios residenciales” y una más que figura como promotora de “actividades recreativas y de entretenimiento”. Los administradores únicos de cinco de estas empresas son también investigados, así como una decena de autónomos. Entre estos últimos aparecen seis personas que cotizan como albañiles, dos de los cuales ya fueron detenidos en la primera fase de la operación, en mayo. Junto a ellos figuran dos personas dedicadas a “servicios de limpieza y conservación de edificios” o de “desinfección”; una más, que figura dedicado al “comercio menor de repuestos de automóviles de motor”; otro más, con un “bar-cafetería”; y otro, que comercializa “muebles y equipos informáticos”. Algunas de ellas habían recibido adjudicaciones para realizar pequeñas obras que, en la mayoría de los casos, no superaron los 10.000 euros.

Según fuentes cercanas a la investigación, la trama utilizaba las cuatro consejerías que estuvieron en manos del partido localista durante la anterior desviaron dinero mediante la adjudicación presuntamente irregular de contratos menores, así como de diversas subvenciones, con el objetivo final de financiar la trama y beneficiar a sus presuntos cabecillas. La sospecha recae en aquellas adjudicaciones que fueron troceadas en contratos más pequeños para evitar la convocatoria de concursos públicos y, de este modo, tener manos libres para adjudicarlos evitando su fiscalización. Las pesquisas apuntan al supuesto amaño de adjudicaciones por valor de seis millones de euros.

Las pesquisas apuntan a que una “pequeña” parte de los fondos presuntamente recibidos por la trama por estas adjudicaciones irregulares fue destinada a la compra de votos. La Policía se afana en aclarar a qué se destinó el resto, aunque todo apunta a que otro parte sirvió para contratar a individuos que ejercían de matones ante terceras personas a las que integrantes de la trama querían amedrentar por diferentes motivos. Las pesquisas buscan también indicios de si hubo enriquecimiento personal por parte de alguno de los principales implicados. En la causa se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, fraude en la contratación pública, prevaricación y malversación de caudales públicos.

“Organización criminal”

La jueza considera a los siete dirigentes de CpM detenidos el martes como presuntos integrantes de una “organización criminal” que de forma “planificada” desvió fondos a través del amaño de contratos públicos para “corromper” los resultados de las elecciones autonómicas de 2019 y 2023. En un escrito, la magistrada señalaba que, con ello, CpM pretendía “alcanzar el Gobierno” ―lo consiguió en la anterior legislatura, cuando se integró en el tripartito que encabezó el candidato de Ciudadanos y en el que también estaba el PSOE tras ser la segunda fuerza más votada― y “mantenerse” en el mismo tras las elecciones de mayo mediante la compra de votos que posteriormente eran emitidos por correo en ambos comicios. La primera fase de la operación, en la que ya fue detenido un consejero del partido de Aberchán, frustró el fraude electoral que presuntamente hubiera permitido a CpM mejorar los resultados de 2019, cuando obtuvo 10.472 sufragios. Finalmente, el 28-M bajó a 5.557 y logró cinco de los 25 consejeros, tres menos que en las elecciones anteriores, lo que le obligó a pasar a la oposición y perder las consejerías.

La jueza recalcaba que hubo “una distribución de funciones entre las personas implicadas” en lo que denomina “entramado delictivo”. Además, de Aberchán, este martes fueron detenidos Dunia Almansouri, su número uno para el 28-M y exconsejera de Hacienda; Rachid Bussian Mohamed, exconsejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deportes; Hassan Mohatar, exconsejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad; Mohamed Ahmed Al-Lal, exconsejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana y que ya fue detenido en mayo en la primera fase de la operación; Fátima Mohamed Kaddur, exviceconsejera del Mayor y Relaciones Vecinales, y Yonaida Sel-lam, presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (Emvismesa).