El pacto migratorio se convierte en el nuevo campo de batalla populista

Un acuerdo no vinculante sobre migración y gestado en el marco de Naciones Unidas se ha convertido en caballo de batalla de las fuerzas nacionalistas en su lucha contra el multilateralismo. La polémica en torno al Pacto sobre Migración de la ONU, que está previsto que se adopte formalmente en diciembre y del que Estados Unidos se desmarcó ya hace un año, se propaga como una mancha de aceite también por Europa.

En la UE, ha encontrado un rechazo frontal en un puñado de países, dispuestos a dinamitar los esfuerzos globales por ordenar la migración y consensuar derechos mínimos para los migrantes. Y sobre todo, ha dado pie a una reacción sobreactuada frente a un texto que en realidad es una mera declaración de principios, pero que el populismo considera la biblia del efecto llamada, capaz de desatar históricas avalanchas migratorias.

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Hasta ahora, Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Israel y Australia se han desmarcado, mientras que República Checa, Bulgaria y Eslovaquia han anunciado que piensan hacerlo. En Alemania, la polémica en torno al pacto se ha situado en el centro del debate por la sucesión de Ángela Merkel, poniendo de manifiesto la capacidad de las fuerzas populistas para marcar la agenda. “Hay gente que piensa que pueden resolver todo ellos solos y que no necesitan pensar en nadie más y esa es la forma más pura de nacionalismo”, dijo la canciller Merkel la semana pasada en una intervención inusualmente apasionada ante el Bundestag, que dedicó en buena parte a defender el pacto de la discordia.

Louise Arbour, enviada especial de la ONU para la migración internacional dijo esta semana en una entrevista con Associated Press que estaba “muy decepcionada” ante la retirada de ciertos países por “las presiones de política interna” y por “razones extrañas”.

El Pacto mundial sobre migración fue aprobado el pasado julio por 193 miembros y el 10 y el 11 de diciembre está prevista la adopción formal del texto en Marrakech. Los detractores del acuerdo sostienen, al revés de lo que indica el texto, que se trata de un ataque a la soberanía nacional de los países y que merma su capacidad para trazar su política migratoria. Dicen que confunde migración legal con ilegal y acusan además a los Gobiernos firmantes de haber ocultado a la opinión pública un pacto, que acumula ya 18 meses de consultas y negociaciones.

El texto lo componen 23 principios generales que cada país se compromete a respetar en el desarrollo de política migratoria nacional. Es un esfuerzo pionero por abordar la migración de forma integral y global, que trata de señalar los desafíos, pero también de optimizar los beneficios de las migraciones y sobre todo de proteger a los que emprenden ruta. Defiende una mayor coordinación e intercambio de datos entre los Estados y mayores esfuerzos en políticas de integración.

Fue en la asamblea general de la ONU de 2016 cuando se acordó poner en pie un pacto mundial que ordenara y regulara la migración y ofreciera protección a los migrantes. La ONU contabiliza 258 millones de personas que viven fuera de su país de nacimiento y advierte de que la cifra no dejará de aumentar. Recuerdan también que en torno a 60.000 personas han muerto desde el año 2000 en el mar, en el desierto y en general en la travesía migratoria.

“El pánico que ha despertado [el acuerdo] no está justificado según el contenido del documento. Después de Marrakech no hay un proceso automático. Cada gobierno decidirá qué políticas quiere implementar y cómo, en función también de la presión que ejerzan los grupos sociales y políticos en esos países”, explica Josephine Liebl, del European Council on Refugees and Exiles (ECRE), una red de ONG con sede en Bruselas.

El acuerdo nace como una respuesta a la mayor crisis migratoria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su pico en el año 2015. Alemania, es el país europeo en el que recalaron más demandantes de asilo; cerca de un millón y medio. De la cuestión de los refugiados, sin embargo, se ocupa otro acuerdo global de Naciones Unidas en gestación y no el que ahora levanta ampollas, que se concentra en la migración. Pero a efectos del debate político, en el que todo tiende a mezclarse con fines espurios, todo parece dar un poco igual.

"Mala comunicación"

En Alemania, el debate en torno al pacto también ha irrumpido con fuerza en la vida política y, sobre todo, en la carrera por la sucesión de Merkel al frente del partido conservador. En los encuentros de los candidatos a la sucesión con militantes de la CDU, los posibles efectos del pacto están siendo una de las preguntas más recurrentes. “Ha habido mala comunicación por parte del Gobierno. Este asunto ha estado dos años bajo el radar. Es un tema que preocupa a la población y hay que hablar de él”, defendía en los márgenes de un evento de la CDU el diputado Tino Sorge. La presión es tal que los partidos de la gran coalición —centroderecha y socialdemócratas— han pactado un texto para presentar ante el Parlamento en el que defienden el pacto y con el que tratan de desterrar algunos “mitos” respecto a él y en el que aseguran que su adopción formal en diciembre no impondrá ninguna obligación vinculante a Alemania.

El pacto de la ONU será uno de los asuntos que abordará en un par de semanas el centroderecha alemán en un congreso crucial, en el que elegirá a su nuevo presidente. Ha sido el ministro de Sanidad, Jens Spahn, y uno de los tres candidatos a la sucesión, el que ha pedido un debate más profundo sobre el acuerdo al sugerir que Berlín ha negociado de espaldas a la población.

“Este pacto para la migración, es el intento correcto de encontrar soluciones para los problemas globales internacionalmente, juntos”, ha señalado sin embargo la canciller este miércoles ante el Bundestag. “Es nuestro interés nacional que las condiciones de los migrantes en el mundo mejoren”, añadió.

Como otras fuerzas populistas, Alternativa por Alemania, la extrema derecha ha hecho del pacto de la ONU bandera. “Se está animando a millones de personas de regiones en crisis a emprender el camino [y emigrar], ha señalado el colíder de AfD, Alexander Gauland, quien ha valorado que se trata de un primer paso para convertir la migración en “un derecho humano”. “Los izquierdistas soñadores y las élites globalistas quieren que nuestro país pase de ser una nación-Estado a una zona de asentamiento”.

La vecina Austria ya ha anunciado que no piensa apoyar el acuerdo. “Austria no va a adherirse al pacto”, anunció el mes pasado Sebastian Kurz, el canciller austriaco que gobierna en coalición con la extrema derecha. “Criticamos algunos de los puntos del pacto como que se mezcle a los que buscan protección con la migración laboral”. Austria es el presidente de turno de la Unión Europea y Kurz, defensor de la línea dura contra la migración, es todo un referente para muchos conservadores europeos. En Viena y en otras capitales temen que el pacto abra la puerta al derecho a la migración como un derecho humano universal.

También se ha desmarcado Polonia, por considerar que “no responde a la demanda polaca de garantizar el derecho de los países a decidir independientemente a quién aceptan y a quién no”, según indicó el Ejecutivo de Varsovia en un comunicado. El Gobierno polaco es otro de los defensores en Europa de la política de mano dura con la inmigración.

Pero al margen de que las críticas hagan referencia a aspectos que figuren en mayor o menor medida en el texto, lo cierto es que con el pacto, los países que han decidido seguir el camino marcado por Washington lanzan una importante señal política a favor de otro modelo de cooperación internacional. La paradoja es, sin embargo, que la resistencia ultranacionalista ha acabado dotando al pacto de una relevancia y envergadura con la que sus promotores probablemente ni siquiera soñaron.