Lula y sus ministros emprenden la reconstrucción mientras abrazan la diversidad de Brasil

En un Gobierno plagado de viejas glorias y veteranos, hombres y mujeres que llevan décadas en primera línea de la política brasileña, el discurso inaugural más emocionante, el que probablemente será recordado, lo pronunció uno de los pocos ministros novatos. El filósofo Silvio Almeida, de 46 años, un académico que ha aparcado la investigación sobre el racismo estructural y la docencia para dirigir el Ministerio de Derechos Humanos. “Permítanme que empiece con lo obvio porque fue negado durante los últimos cuatro años. Trabajadoras y trabajadores de Brasil, existís y sois importantes para nosotros; mujeres de Brasil, existís y sois importantes para nosotros; hombres y mujeres negros de Brasil, existís y sois importantes para nosotros…”, proclamó como en una letanía.

En su poderoso discurso, el ministro mencionó a otros colectivos atacados por el ultraderechista Jair Bolsonaro, de 67 años: los pueblos indígenas, las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transexuales, los interexo, los no binarios, los sin techo, las personas con deficiencia, los mayores, los amnistiados, los que pasan hambre… las empleadas domésticas”. Un Brasil despreciado a menudo por Bolsonaro. Almeida toma el relevo de la abogada y pastora evangélica Damares Alves, que se estrenó proclamando que “los niños van de azul, las niñas de rosa”.

El nuevo Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, comenzó su andadura el día de Año Nuevo en ausencia de Bolsonaro que, sin asumir su derrota, viajó a EEUU para evitar entregarle la banda presidencial. Aquella noche Lula firmó los primeros decretos y durante los días siguientes se han sucedido decisiones sobre las que cimentar la reconstrucción sobre “las terribles ruinas” dejadas por su predecesor, de extrema derecha y empeñado en desacreditar las instituciones, y una avalancha de gestos para marcar toda la distancia posible con él.

Convencido, como dijo en su discurso, de que “no es justo ni correcto pedir paciencia a quien tiene hambre”, Lula quiso que su primer decreto garantice que 21 millones de familias seguirán recibiendo una paga mensual de 600 reales (114 dólares, 108 euros). Una ayuda que retomará su nombre original, Bolsa Familia, después de que Bolsonaro la rebautizara porque es la marca más potente del Partido de los Trabajadores (PT).

Afrontar la crisis climática es prioridad de este presidente para que Brasil contribuya a salvar el planeta y porque es uno de los principales raseros por el que la comunidad internacional medirá su gestión. Encomendar la política medioambiental a Marina Silva, de 64 años, la ministra que a principios de siglo logró que la deforestación cayera en picado, es un mensaje político poderoso. Como crear un Ministerio de los Pueblos Originarios y nombrar a una indígena, Sonia Guajajara, de 48 años, para que lo dirija. Pero el desafío es colosal. No solo para reducir la deforestación a cero o construir una bioeconomía que genere empleos lícitos en la Amazonia. Y tampoco porque la coyuntura es adversa, con una oposición que sacó el 49% en las elecciones, el mundo golpeado por la guerra de Ucrania o el formidable pulso EEUU-China.

Estos días ha llamado la atención, el uso del todas, todos y todes en algunas investiduras ministeriales, que hijas haya sido añadido al tradicional hijos de la patria en el himno o que el Gobierno haya incorporado a la primera diputada negra, Antonieta Barros, al olimpo de los héroes nacionales. Cambios sencillos, aunque muy simbólicos, en un panorama de desafíos monumentales.

La economía y el derecho al aborto son ejemplos de las enormes dificultades que acechan en el horizonte. El diseño de la política económica, en sentido amplio, ha quedado en manos de cuatro de los 37 ministros: dos izquierdistas del PT (incluido Fernando Haddad, de 59, en Hacienda) y dos antiguos adversarios del centroderecha liberal: el vicepresidente Geraldo Alkcmin, de 70, en Industria, y la excandidata presidencial Simone Tebet, de 52, en Planificación. El cuarteto busca la cuadratura del círculo, aumentar el gasto sin descalabrar las cuentas públicas. Instrumento clave en ese empeño, la reforma tributaria que prepara Haddad, que contaba asombrado esta semana que el contribuyente puede deducirse los gastos de una operación de estética en el extranjero. Eso, en un país donde, como Lula recordó al asumir el cargo, el 5% más rico tiene la misma renta que el 95% restante.

En materia de interrupción del embarazo, poco va a cambiar. Este Gobierno no quiere contrariar a los conservadores, incluido ese tercio de la sociedad que son evangélicos. Mientras la despenalización avanza con fuerza en otros países latinoamericanos, la ministra de la Mujer, Aparecida Gonçalves, una histórica del PT de 62 años, ha reconocido en una entrevista que mejor ni tocar el derecho al aborto. Vista la relación de fuerzas en el Congreso, “en cualquier discusión sobre el aborto, vamos a perder más de lo que podamos avanzar (…) Si es para retroceder, mejor aseguramos lo que está garantizado en la ley”, declaró a Folha de S. Paulo tras asumir el cargo. Ahora el aborto es legal en caso de violación, de riesgo para la salud de la mujer y anencefalia. Cada dos días muere una brasileña por complicaciones de un aborto clandestino.

Lula tiene enfrente un Congreso que, por ahora, es hostil y lidera un Gobierno multicolor. Para librar a Brasil de Bolsonaro, construyó un frente de políticos y partidos con intereses dispares. Ya decía el líder de la izquierda brasileña en 2010, al final de su segundo mandato, que, “si Jesucristo viniese para acá, tendría que llamar a Judas para hacer una coalición”. Ahora preside un Gabinete con 37 carteras (14 más que Bolsonaro) donde conviven nueve partidos, un puñado de antiguos y recientes adversarios y una ministra de Turismo, Daniela Carneiro, de 46 años, que tuvo relación política con el líder de un grupo paramilitar de Río de Janeiro, lo que aquí llaman milicia. El Ejecutivo defiende a Carneiro en este primer escándalo desvelado por la prensa. Pero Lula ya ha avisado de que “quien cometa errores será invitado a abandonar el Gobierno”.

Para neutralizar los primeros roces entre ministros, Lula los ha reunido este viernes en Brasilia. Les ha avisado de que las grandes medidas solo pueden ser anunciadas con su aval explícito. Y ha dejado claro que la interlocución con el Congreso es vital. “Muchos de vosotros sois resultado de acuerdos políticos”, les ha dicho a sus ministros —un tercio de ellos mujeres—, “porque de poco sirve un Gobierno de técnicos formados en Harvard y no tener apoyo en la Cámara de Diputados o del Senado”.

Durante el medio siglo que Lula lleva en política, su cintura para negociar ha sido marca de la casa. Le gusta decir que él no hace concesiones, sino acuerdos. Y este viernes ha transmitido ese mensaje a su Gabinete: “No hay veto ideológico ni asunto prohibido sobre el que no se pueda conversar, siempre que sean cosas buenas para el pueblo brasileño”.

El Brasil de Lula ya ha iniciado la reincorporación a la CELAC (la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños”. Mientras, Bolsonaro se deja ver en Florida haciendo vida de ciudadano de a pie aunque en Twitter e Instagram aún se presenta como presidente de la República, sembrando confusión. Los bolsonaristas radicales que siguen acampados frente a los cuárteles se pelean entre sí y las redes sociales siguen infestadas de noticias falsas. Dos desinformaciones de esta semana ya desmentidas por las agencias de verificación: pesan condenas judiciales sobre varios ministros de Lula y el juez del Tribunal Supremo más atacado por el bolsonarismo, Alexandre de Moraes, ha ordenado su propia entrada en prisión. Una idea delirante que como otras inverosímiles cala en algunas personas.

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