El chavismo prepara el asalto a las ONG

La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, una temida iniciativa que podría malograr el desempeño de las asociaciones civiles en Venezuela, y que ha sido criticada en comunicados conjuntos hasta por 400 organizaciones nacionales e internacionales, ha entrado a segunda discusión en el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo desde 2020 en unas elecciones donde no participó la oposición venezolana.

Recién entrando el año, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, colocó el orden de prioridades del momento y pidió a los diputados que inicien el proceso de consultas públicas para enriquecer el proyecto de ley, que fue presentado por Diosdado Cabello en 2023, y que ya fue aprobado en primera discusión.

La ley podría entrar en vigor este año, que es electoral en Venezuela. “Es deber de la Asamblea Nacional consultar con todo el pueblo de Venezuela y las organizaciones que están involucradas en los alcances de esa ley, a los efectos de dar una fructífera segunda discusión”, afirmó Rodríguez en la sesión de debates.

Desde los tiempos de Hugo Chávez, en 2005, el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha estado debatiendo públicamente sobre algún instrumento de ley que le ponga coto o vacíe de contenido a las ONG venezolanas, particularmente las que cuestionan el desempeño del Gobierno.

La Ley de Fiscalización de las ONG que se discute en la Asamblea Nacional, advierten expertos consultados, va mucho más allá en materia de controles y sobre reglamentaciones que las anteriores iniciativas de Cooperación Internacional promovidas por la diputada chavista Eva Golinger hace más de una década.

Con un voluntariado amplio, el universo de las asociaciones civiles y las ONG todavía tiene vigor en el tejido social del país, y han ejercido una efectiva contraloría en torno a los desafueros y excesos del chavismo en materias como derechos humanos, transparencia administrativa, corrupción, gestión ambiental, libertad de expresión o información sobre la violencia social.

El duro forcejeo con los factores democráticos opositores, y la ausencia de condiciones políticas, han ido posponiendo este permanente rictus del chavismo por dominar el hábitat de la sociedad civil para afianzar su hegemonía. De acuerdo con la propaganda oficial, las ONG son instrumentos del imperialismo, que usan las ventajas de la Constitución para conspirar contra la revolución bolivariana.

Los parlamentarios iniciaron esta semana las consultas de este proyecto de ley escuchando las observaciones de los activistas involucrados. En el mundo del activismo civil hay mucha preocupación. En las sesiones se aludieron a algunas de las organizaciones que critican con mayor énfasis los procedimientos oficiales —Súmate, Provea, Futuro Presente, Lidera—, presentadas como “vinculadas a los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular”.

Para Feliciano Reyna, directivo de Alianza Solidaria, el proyecto de ley que se discute en el legislativo es tan radical que haría imposible la existencia de las ONG. Esta circunstancia, dice, agravaría la asistencia humanitaria y las redes de apoyo asistencial. “El proyecto existente plantea temas inviables, no es posible hacerle mejoras parciales. Violenta gravemente la libertad de asociación. Se te otorga una existencia de hecho, no de derecho. Se la está planteando a organizaciones, ya sobre reguladas, nuevos trámites de complejo cumplimento. Se quiere regionalizar el trabajo, con el objeto de impedir hacerlo desde la capital. Una sentencia de un tribunal podría ordenar la disolución de una organización.”

En líneas generales, la hegemonía chavista tiene años intentando, de forma lenta, pero progresiva, reprogramar el sistema de relaciones legales entre la sociedad y el Estado, y colonizar a los espacios civiles de activismo civil con actores leales a su causa e intereses.

Facultado por la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) —teóricamente una instancia independiente creada para fomentar la democracia protagónica, de hecho, un poder público controlado por los intereses del chavismo— está autorizado para asistir y orientar la celebración de elecciones en ligas obreras, sindicatos o círculos profesionales. Abusando de esta cláusula, las citas se adelantan o se retardan a extremos absurdos.

“La Universidad Central de Venezuela pasó casi 20 años sin organizar elecciones rectorales. Los colegios de abogados tienen varios lustros sin organizar consultas internas, diría que la mayoría de los círculos profesionales del país. La decisión de la Sala Constitucional en 2002 de nombrar a los rectores del CNE a conveniencia del chavismo es el precedente más grave de esta historia. Luego, casi todos los partidos políticos han sido intervenidos por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia para nombrarles directivas alternas”, observa el jurista Gustavo Linares Benzo, de la Universidad Católica Andrés Bello.

Linares Benzo apunta que la arquitectura de la Constitución actual hace posible que la Sala Electoral del TSJ solape las funciones del Consejo Nacional Electoral, interviniendo directivas civiles sin consultas, con sentencias interpretativas orientadas a los intereses del estado chavista, como ocurrió en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo, la Cruz Roja, Fedecámaras Valencia, la Federación de Motociclistas, la Federación Venezolana de Surf, Fedenaga, y más recientemente, con el Partido Comunista de Venezuela

Los tribunales que controla el chavismo han intervenido, desde 2014 en adelante, la legalidad interna de los partidos políticos, en especial los opositores o los incómodos, clonando sus directivas y desconociendo a sus instancias legítimas. Ha ocurrido en los opositores Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Copei, Vente Venezuela. Y entre los aliados al gobierno, en Patria Para Todos, una vez que su directiva anunció su distanciamiento con el chavismo, y más recientemente el Partido Comunista de Venezuela, por razones similares.

“La violación de la autonomía sindical con el retado de consultas es un proceso que lleva mucho tiempo en desarrollo”, comenta Carlos Correa, de Espacio Público. “Esta ley elimina de hecho la existencia de Organizaciones No Gubernamentales, la burocracia del estado venezolano descarga todo su peso sobre ellas”. Correa no está tan seguro de cuan decidido esté el chavismo a llegar hasta el final con un instrumento legal con el cual Venezuela daría un efectivo paso en el camino de la dictadura nicaragüense, en un momento en el cual son necesarias las negociaciones políticas.

“La composición interna de las tendencias del chavismo es diferente a la realidad de Nicaragua”, comenta Correa. “Es una iniciativa que crea presión, es un instrumento para negociar. Pero haga lo que haga, el chavismo no va a renunciar a tener el monopolio del bien”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.