El fin de Navalni confirma el destino de los críticos de Putin: exilio, cárcel o muerte

“Es imposible vivir en Rusia, pero morir es posible”, decía un conocido aforismo del filósofo Dmitri Merezhkovski, fallecido en el exilio durante el estalinismo. La repentina muerte de Alexéi Navalni en prisión trae a la memoria sus palabras. No solo los opositores, sino los que han elevado su voz contra el Kremlin y no han huido, están encerrados en una cárcel o muertos. En el caso del disidente con mayor proyección exterior, las causas de la defunción aún no han sido esclarecidas, pero en Rusia, en la calle y entre bastidores, se cree que Navalni ha sido asesinado. Sin políticos que discrepen en público, el presidente, Vladímir Putin, tiene allanado el camino hacia su quinto mandato presidencial en los comicios que se celebrarán entre el 15 y 17 de marzo.

La muerte de Navalni movilizó este viernes a algunas personas que de forma espontánea depositaron flores en los monumentos a los represaliados políticos de las ciudades de Rusia, entre ellas Moscú, San Petersburgo, Ekaterimburgo —la mayor urbe de los Urales— y Novosibirsk —la gran ciudad de Siberia—. La policía acordonó las estatuas y en algunos puntos permitió depositar los ramos y fotos del activista sin ningún mensaje político, mientras que en otros lugares dispersó y arrestó a los asistentes. Pese a este gesto, no se espera ninguna manifestación por Navalni: incluso un piquete individual es perseguido en la Rusia actual.

La población que no apoya al mandatario está huérfana de figuras que la representen dentro del sistema político. La Comisión Electoral Central ha vetado a los dos clavos ardiendo a los que se aferraron los descontentos con la guerra contra Ucrania: el politólogo Borís Nadezhdin y la periodista Yekaterina Duntsova, el primero un tertuliano habitual en los canales de propaganda rusos y la segunda una aspirante prácticamente desconocida.

Navalni fue miembro en la década de los 2000 del único partido opositor ruso que queda hoy, Yábloko. Sin embargo, esta formación no tiene representación en la Duma Estatal y no ha propuesto ningún candidato después de que su fundador, Grigori Yablinski, fuera citado por Putin en su despacho en noviembre.

Generación de opositores

Tras Yábloko, la figura de Navalni cobró fuerza entre los rusos con las protestas que arrancaron por acusaciones de fraude electoral en 2011 y siguieron hasta 2013, en las que emergió una generación de líderes opositores que hoy están encerrados en colonias penales a lo largo y ancho del país. Uno de los políticos más conocidos es Vladímir Kara-Murza (Moscú, 42 años), envenenado en 2015 y 2017 y condenado luego a 25 años de cárcel por un supuesto delito de alta traición al acusar en foros internacionales al ejército ruso de haber cometido crímenes de guerra.

Kara-Murza ha estado estrechamente ligado a dos políticos que fueron grandes rivales de Putin. Por un lado, trabajó con el ex viceprimer ministro y líder opositor Borís Nemtsov, que fue asesinado frente al Kremlin en 2015 poco antes de difundirse una investigación suya sobre la participación rusa en la guerra del este de Ucrania. Por otro, Kara-Murza fue coordinador de la plataforma Rusia Abierta, fundada por el empresario Mijaíl Jodorkovski desde el exilio. “Si no sabías o dudabas cómo actuar —en las elecciones presidenciales—, aquí tienes la respuesta”, ha expresado el que fuera el hombre más rico de Rusia hasta que se vio obligado a huir en 2004 bajo acusaciones de evasión fiscal. Los activos de su petrolera, Yukos, fueron adjudicados a otra próxima al poder, Rosneft.

En los anteriores comicios presidenciales, celebrados en 2018, se pudo contar al menos con la presencia de los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), vetados en esta ocasión por Moscú. La represión de la disidencia se intensificó desde 2020, año en el que fue envenenado Navalni con el agente químico novichok, lo que casi le cuesta la vida. Una serie de reformas legales encabezadas por la ley sobre agentes extranjeros y las prohibiciones para realizar manifestaciones, incluso individuales, han dejado sin espacio de maniobra a los disidentes desde entonces.

Con las puertas del Parlamento y de los medios cerradas, algunos opositores creyeron encontrar un hueco en los consejos locales. Sin embargo, la invasión de Ucrania y la ley “contra la desacreditación de las acciones de las Fuerzas Armadas” cambiaron todo. Un total de 19.855 personas han sido arrestadas en manifestaciones desde el día que Putin ordenó atacar Ucrania, el 24 de febrero de 2022, y las autoridades han abierto 883 casos penales contra opositores a la guerra, según el portal de derechos humanos OVD-Info.

Entre los condenados figuran algunos de estos políticos que buscaron un espacio en los consejos municipales. Entre ellos, el veterano Alexéi Gorinov (Moscú, 62 años), cuyo estado de salud preocupa a su entorno tras haber sido condenado a siete años de cárcel por criticar la celebración de un concurso infantil mientras caían bombas sobre ciudades ucranias; y el opositor Ilia Yashin (Moscú, 40 años), otra figura nacida de las protestas de 2011 cuyo destino es pasar ocho años y medio en prisión por dudar de la versión del Kremlin sobre la masacre en la localidad ucrania de Bucha.

Yashin, Kara-Murza, el líder de Yábloko y muchos opositores más mostraron su apoyo a la histórica ONG Memorial cuando fue liquidada por el Kremlin a finales de 2021, meses antes de que Putin emprendiera su guerra. “Está Memorial, están las detenciones de Navalni, de [el cineasta] Oleh Sentsov... La reacción internacional es muy importante porque hará recordar a las autoridades que lo que hacen no pasa desapercibido”, advirtió entonces Kara-Murza a este periódico.

Entre los asistentes al juicio del cierre de la organización, dedicada a investigar los crímenes de la represión soviética y de la Rusia moderna, se encontraba Oleg Orlov (Moscú, 70 años), uno de los defensores de derechos humanos más destacados de Memorial —llegó a intercambiarse por rehenes rusos durante la guerra de Chechenia—. “Ha sido una tragedia para todos, no tengo palabras”, ha manifestado este viernes el activista sobre la muerte de Navalni a la salida del tribunal donde es juzgado —y podría ser condenado a cárcel— por escribir una columna contra el Gobierno de Putin. Orlov rechazó que acudieran testigos para su defensa para no ponerles en peligro.

Silenciar a los ultranacionalistas

La oposición rusa no es compacta y parte de ella discrepaba de Navalni y su equipo. De hecho, hubo choques públicos entre algunos miembros de la Plataforma contra la Corrupción del político fallecido y otros disidentes sobre cómo actuar en las elecciones —acudir a votar masivamente a cualquier candidato salvo Putin o boicotearlas— o si apoyar o no la rebelión de los mercenarios de Wagner en junio de 2023.

En cualquier caso, la represión del Kremlin no se ha enfocado solo en los opositores considerados cercanos a Occidente. En los centros de detención preventiva de Putin también hay espacio para las figuras del sector ultranacionalista ruso y otros actores políticos muy críticos con Occidente.

El último caso es el del comunista Serguéi Udaltsov (Moscú, 47 años), dirigente del Frente de Izquierda y aliado y amigo del líder de la extrema izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon. “Es triste e insultante que las autoridades rusas persigan a los patriotas, en lugar de hacerlo con estafadores y sinvergüenzas, algunos de los cuales están en el poder”, lamentó el político, quien pese a apoyar la anexión ilegal de Crimea y la invasión de Ucrania, ha sido acusado de “justificar el terrorismo” tras alentar las críticas al alto mando ruso por su dirección de la guerra.

Por este mismo motivo ha sido condenado a cuatro años de cárcel un “antiguo héroe” de los prorrusos en la guerra de Donbás, en el este de Ucrania, el coronel del Servicio Federal de Seguridad (FSB) Ígor Girkin, apodado Strelkov (Moscú, 53 años). Sus diatribas contra el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el presidente fueron toleradas hasta mediados del año pasado, cuando la rebelión de los mercenarios del grupo Wagner llevó al Kremlin a tomar medidas contra los más críticos dentro de los sectores favorables a la guerra.

Aunque el dueño de la compañía de mercenarios, Yevgueni Prigozhin, enfocó sus ataques contra el ministro de Defensa y su jefe del Estado Mayor, Valeri Gerásimov, por los errores en el frente, Putin no perdonó nunca sus arremetidas públicas. Dos meses después de estrellarse misteriosamente el avión en el que viajaba toda la cúpula de Wagner, incluido su jefe, Putin afirmó —sin investigación oficial— que el siniestro fue producto de mezclar granadas de mano y cocaína en la cabina. Aún hoy se ven banderas e insignias de Wagner entre los veteranos de Ucrania, pero nadie osa levantar la voz. Si algo une a todos los rusos críticos con Putin hoy, es el miedo.

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