El PSOE frena la autorización de actividades de los diputados
Los socialistas cuestionan la concesión de compatibilidades a 39 parlamentarios
El PSOE ha frenado el informe de actividades privadas de diputados, es decir, el escrito que autoriza la compatibilidad de los parlamentarios que debe aprobar el pleno. Los socialistas cuestionan que 39 parlamentarios tengan trabajos o ingresos al margen del escaño. La lista incluye a Pablo Iglesias, líder de Podemos, y a 20 diputados del PP. Los socialistas amenazaron con votar en contra del informe que deberá llevarse al próximo pleno, ya en el mes de febrero.
El PSOE quiere limitar al máximo las actividades privadas de los diputados y, por eso, ha frenado el informe de los letrados autorizándolas. Según el diputado Luis Carlos Sahuquillo, representante socialista en la Comisión del Estatuto del Diputado, esos diputados deben aclarar sus actividades o justificar los ingresos, con un criterio muy restrictivo. Esa comisión se encarga de elaborar un informe de actividades autorizadas que el pleno debe convalidar con su voto.
En teoría, la Ley Electoral establece la incompatibilidad absoluta de los diputados, con la excepción de actividades docentes. No obstante, el Congreso puede autorizarles expresamente otras actividades, con limitaciones genéricas como no contratar con la administración pública o no trabajar para entidades financieras.
El Parlamento actúa siempre con un criterio muy laxo, según el cual acepta los datos que aportan los diputados, sin cuestionarlos o investigarlos y sin sancionarlos si se aprecia alguna irregularidad. Por ejemplo, hace dos legislaturas, el ahora secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, no informó de su actividad de asesoría a una entidad financiera y cuando lo reveló la Cadena Ser se limitó a ampliar su declaración. O Miguel Arias Cañete, que aseguró que su empresa petrolera no contrataba con la administración, pese a recibir adjudicaciones públicas.
Incompatibilidad total, pero sólo teórica
El artículo 157 de la ley electoral asegura que “el mandato de los Diputados y Senadores se ejercerá en régimen de dedicación absoluta en los términos previstos en la Constitución y en la presente Ley”. A continuación establece, no obstante, que cada diputado debe hacer una declaración de bienes y actividades y que “el pleno aprobará las autorizaciones”.
Se excluyen expresamente las que supongan cualquier tipo de relación con la administración pública y empresas que “tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito”.
En la anterior legislatura fallida, el PSOE intentó que si se produjera ese control y que se pidiera aclaración a diputados para que, por ejemplo, los que tienen despachos de abogados expliquen para qué clientes trabajan. Pedían también "condicionar la autorización a la comunicación periódica -cada tres meses-por parte de los autorizados, de la relación de sus clientes o personas físicas o jurídicas con las que mantengan o hayan mantenido relación profesional, a los solos efectos de que pueda la comisión verificar el cumplimiento de las prohibiciones".
El PSOE ha querido ahora aplicar tabla rasa a las incompatibilidades y no autorizar en ningún caso las que no aporten detalles de sus contratos o documentación acreditativa y con el resto ser muy restrictivos. Su representante amenazó con votar en contra del informe en el pleno, en medio de un duro debate a puerta cerrada. Ahora la Comisión debe decidir qué hace antes de someter en febrero su informe al pleno.
Entre los 39 diputados cuestionados hay 20 del PP; 11 de Unidos Podemos; seis de Ciudadanos y dos de ERC.
De los del PP hay alguno, como Teófilo de Luis, que pide autorización para “asesoría de empresas” y el PSOE quiere saber los detalles, porque es el mismo concepto que, por ejemplo, introdujo en su momento Vicente Martínez-Pujalte, hoy imputado por actividades realizadas desde su escaño. Celso Luis Delgado, Leopoldo Barreda, Pablo Matos, Francisco Martín Bernabé, Rafael Hernando, Francisco Molinero, José Vicente Marí, Juan Carlos Vera, Jaime Eduardo de Olano, Miguel Lorenzo y Javier Calvente han pedido autorización para ejercer como abogados.
Iglesias, cuestionado
Avelino del Barrio es procurador, Carmen Álvarez-Arenas es consejera delegada de una empresa familiar que recibe subvenciones, Ana Zurita es arquitecta y consejera del cabildo de Tenerife, Jordi Roca es administrador de una empresa dedicada a sistemas informáticos, Raquel Alonso es arquitecta y Javier Ruano es consultor de organización. La también ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, declara una “planta fotovoltaica”.
Los de Unidos Podemos cuestionados por el PSOE están encabezados por Pablo Iglesias que declara “charlas, talleres de carácter docente, conferencias, programas de televisión con o sin remuneración, presentador y director del programa de televisión Fort Apache”.
Junto a él están Noelia Vera que declara “publicación de libros y artículos, redactora y presentadora de La Tuerka, conferencias, encuentros políticos, académicos y participación en programas de televisión con o sin remuneración”; Íñigo Errejón que pide autorización para “libros, conferencias, charlas, participación en programas de televisión con o sin remuneración”; Rosa Martínez, para “conferencias y cursos, percibiendo compensación de fundación privada”; Juan López de Uralde “propietario de central solar fotovoltaica”; Rafael Mayoral, abogado “de manera esporádica”; Carolina Bescansa, “elaboración de estudios mediante contratos de investigación y/o consultoría”; Jaume Moya es procurador; Raimundo Viejo, socio en Artefakte; Diego Cañamero “recogida de cultivo y solicitud de baja del subsidio REASS”; y Sara Carreño, abogada.
De Ciudadanos figuran Patricia Reyes, concejal y abogada; Miguel Ángel Garaulet, “administrador único de Garaulet y Asociados, consultoría”; Félix Álvarez, actor; Diego Clemente, perito judicial y arquitecto; Elena Faba, “administradora de DTV Comunicación y estrella Digital, entre otras” y Toni Cantó, actor.
Los de ERC son Joan Capdevilla, accionista de C.V. Capdevila S-L. y Ana Surra que “comunica haber cursado al Banco de Previsión Social de Uruguay orden de suspensión de la percepción de la pensión de jubilación”.
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