El plan de 'economía de guerra' adoptado en Perú incluye la suspensión por seis meses de los pagos internacionales
ENVIADO ESPECIAL, El nuevo Gobierno peruano, que tomó posesi6n el pasado domingo, adoptó el jueves un paquete de medidas de economía de guerra,aún más drásticas que las recientemente acordadas en Argentina por Raúl Alfonsín. El Gobierno aprista de Alan García ha suspendido por un período de seis meses todos sus pagos internacionales, ha congelado por otros tres meses todas las operaciones en moneda extranjera, ha devaluado el inti (la nueva moneda peruana) en un 12% y ha congelado indefinidamente todos los precios de bienes y servicios, así como los alquileres de las viviendas.
En la noche del jueves, el primer ministro y titular de la cartera de Economía y Finanzas, Luis Alba Castro, se dirigió al país por radio y televisión para anunciar las medidas económicas de emergencia después de dos días de feriado bancario y cambiario.Previamente se emitieron fragmentos del discurso de asunción presidencial de Alan García en el que éste recordaba cómo la economía peruana había retrocedido 20 años en su nivel de producción y cómo el país estaba adquiriendo alimentos en el exterior ante la paralización de su agricultura.
Luis Alba dibujó un panorama sombrío, admitiendo que la crisis económica y moral heredada de la anterior Administración es aún mayor de la que la APRA evaluaba desde la oposición, y acudió a gráficos ilustrativos para demostrar la caída de la producción por habitante, la disminución del empleo, la reducción de la capacidad de compra por habitante, el aumento de la inflación por encima ya del 200% anual y el incremento impagable de la deuda externa.
Pese a ser muy duro con el Fondo Monetario Internacional y las entidades extranjeras acreedoras de Perú, reconoció que la política económica neoliberal seguida hasta ahora era la principal responsable del decaimiento peruano. El doctor Alba Castro propició una política antiinflacionaria heterodoxa basada en la recuperación de la producción y el consumo y en la estabilización dirigista desde el Estado de los costos productivos.
Para el exterior, el primer ministro y ministro de Economía anunció el envío de télex a la comunidad financiera internacional explicando una postergación por seis meses de los vencimientos de la deuda pública externa directa e indirecta, de mediano y largo plazo, e invitando a los acreedores de Perú a reunirse en Lima para estudiar soluciones realistas al problema de la deuda externa. Luis Alba destacó que la moratoria unilateral no significaba un abandono de su "indeclinable propósito de honrar las obligaciones contraídas por el Perú en el exterior, pero, obviamente", dijo, "partimos del principio de que nuestro primer compromiso es con los peruanos, con la inmensa deuda social acumulada con la mayoría empobrecida del Perú".
El inti -sol, en quechua- quedó devaluado en un 12%, y por 90 días han quedado sujetos a caución todos los depósitos y certificados bancarios en moneda extranjera.
El primer ministro tranquilizó a los ahorradores en divisas enfatizando que el Gobierno no piensa castigar a quienes han mantenido su dinero dentro del país, que los depósitos- seguirán siendo mantenidos en moneda extranjera, pero que es necesaria ahora su utilización temporal para pagar importaciones urgentes.
[EE UU decidió ayer suspender temporalmente toda ayuda militar y económica a Perú hasta que este país decida pagar la deuda exterior contraída con Washington. Funcionarios del Departamento de Estado señalaron que la decisión fue notificada al Gobierno peruano por medio de la embajada de Washington en Lima, informa Efe.]
Finalmente el Gobierno aprista, leal al carácter heterodoxo que quiere dar a su lucha contra la inflación, decretó un aumento de salarios: 50% sobre el sueldo mínimo (alrededor de 12 intis en Lima), 22% a los maestros, 15% a los empleados públicos y 165 intis lineales a los trabajadores no sindicados ni sujetos a negociación colectiva.
El primer ministro hizo énfasis en que no se otorgarían nuevas amnistías fiscales, que se perseguiría la corrupción económica y administrativa pasada y futura -"no habrá borrón y cuenta nueva", ha afirmado Alan García- y en que el Gobierno afronta una cruzada nacional para la que requiere la movilización moral de todos los ciudadanos.
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