Brasil crea una Comisión de la Verdad sobre la dictadura

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha marcado dos goles en un mismo partido al sancionar dos leyes de transparencia que han sido aplaudidas hasta por la oposición. La primera establece la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer las violaciones de los derechos humanos entre 1946 y 1988, particularmente en el periodo de la dictadura militar (1964-1985). La segunda es la Ley de acceso a la información pública en los tres poderes del Estado, una legislación fundamental tras los recientes escándalos de corrupción que han salpicado su Gobierno.

Junto a sus excompañeros de cárcel y tortura durante la dictadura -la presidenta brasileña pasó tres años detenida por la Junta militar entre 1970 y 1973- Rousseff presentó la Comisión de la Verdad, legislación que calificó de "histórica". Al acto asistieron los tres comandantes del Ejército y familiares de desaparecidos políticos. El ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim, puntualizó que "no hubo resistencia en las Fuerzas Armadas" para la aprobación de la ley.

La Comisión de la Verdad estará formada por siete miembros elegidos por Rousseff. No podrán ser elegidos aquellos que ejercen hoy cargos ejecutivos en partidos políticos o que ocupen algún cargo de confianza en cualquier esfera del poder público. La Comisión de la Verdad no podrá revisar la amnistía concedida a los torturadores promulgada al final de la dictadura.

Acceso a la información

La Ley de derecho a la información, por otra parte, garantiza a todos los ciudadanos el acceso a los documentos públicos de los órganos federales, estatales y municipales. Las instituciones deberán publicar esta información en Internet. El columnista político del diario Folha de São Paulo, Fernando Rodrigues, recordaba que ahora, las empresas estatales no podrán ocultar sus finanzas. "Ahora será posible conocer los nombres y los sueldos de los funcionarios en el exterior de Petrobras o del Banco do Brasil. Al fin buenas noticias de Planalto", reconoció. Rousseff quiso unir las dos decisiones al darles a ambas un carácter de transparencia política. "A partir de ahora", afirmó la presidenta en su discurso, "ningún acto o documento que atente contra los derechos humanos podrá quedar secreto, ya que no se ofrecerá más cobijo a la falta de respeto a los derechos humanos en Brasil".