Alemania anuncia controles en todas sus fronteras en pleno debate migratorio y de auge de la ultraderecha
El Gobierno justifica la decisión por “la carga” de la migración y para protegerse “del peligro del terrorismo islamista”
Alemania ha anunciado que instalará controles en todas sus fronteras a partir del próximo 16 de septiembre ante la enorme presión migratoria que sufre y para protegerse del terrorismo islamista. Berlín ha notificado ya a la Comisión Europea su decisión, tomada a escasos días de unas elecciones regionales que han mostrado el auge de la ultraderecha y en medio de acuciantes presiones políticas para endurecer las leyes migratorias y de asilo.
“Estamos reforzando la seguridad interior y manteniendo nuestra línea dura contra la migración irregular. Seguiremos en esta línea”, ha asegurado la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, en una comparecencia en Berlín convocada con poco más de una hora de antelación. “Hasta que logremos una sólida protección de las fronteras exteriores de la UE con el nuevo Sistema Europeo Común de Asilo y otras medidas, esto también requiere que intensifiquemos los controles en nuestras fronteras nacionales”, ha añadido.
Después de muchas dudas, el tripartito alemán formado por socialdemócratas, verdes y liberales decidió en octubre pasado establecer controles fronterizos fijos en los pasos con Polonia, República Checa y Suiza, algo que hasta entonces se resistía a hacer por miedo a entorpecer los flujos de mercancías y de trabajadores que se mueven con total libertad entre países del espacio Schengen. El objetivo era reforzar la lucha contra el tráfico de personas y limitar la migración irregular, que aumentaba imparable entre las crecientes críticas de ayuntamientos desbordados por el número de refugiados.
Los controles fronterizos son, en teoría, una excepción de último recurso a la norma general del tratado de Schengen, que consagra la libertad de movimiento entre los países firmantes. En la práctica, han resultado ser más comunes de lo previsto. La normativa permite establecerlos en las fronteras interiores “en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior”, pero solo “en situaciones excepcionales” y respetando “el principio de proporcionalidad”.
La excepción estaba pensada para eventos o situaciones puntuales, como la celebración de la Eurocopa en junio pasado en Alemania, pero actualmente ocho países de la Unión Europea tienen activos estos controles en alguna de sus fronteras. Lo hacen apelando a la seguridad nacional o a la crisis migratoria. Francia, por ejemplo, los estableció después de los ataques terroristas de 2015 y los ha ido prorrogando.
El atentado yihadista de Solingen que acabó con la vida de tres personas, ocurrido a escasos días de unas elecciones cruciales en dos Estados federados del este, conmocionó al país y provocó una reacción casi unánime a favor del endurecimiento de la política migratoria. La victoria de la ultraderecha en Turingia y su segundo puesto en Sajonia el pasado día 1 han vuelto a colocar en el centro del debate político la política de fronteras y asilo. El Gobierno de Scholz tiene también en mente las elecciones que se celebran el próximo día 22 en el estado oriental de Brandeburgo, donde el partido Alternativa para Alemania, que enarbola un discurso duro antiinmigración, vuelve a ser favorito.
30.000 rechazos en frontera
Los controles en la frontera este alemana, que también han seguido extendiéndose y están actualmente activos, han permitido ejecutar más de 30.000 rechazos en frontera, ha asegurado Faeser. “Esta decisión [ampliar a todas las fronteras] servirá para protegernos contra los peligros que plantean el terrorismo islamista y la grave delincuencia transfronteriza. Estamos haciendo todo lo posible para proteger a la población de nuestro país”, ha subrayado la ministra.
La novedad, por tanto, es que Alemania se dispone a instalar controles también en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, durante un periodo inicial de seis meses. El objetivo es proteger los casi 3.900 kilómetros de frontera exterior, aunque los sindicatos policiales ya han alertado de que es imposible controlar todos los cruces fronterizos y que los migrantes seguirán entrando al país a través de caminos forestales y sin asfaltar.
“En el ámbito de la migración irregular, debe tenerse en cuenta la carga global que pesa sobre Alemania, en particular las limitadas capacidades de las autoridades locales en materia de alojamiento, educación e integración debido a la admisión de 1,2 millones de refugiados de guerra procedentes de Ucrania y a la migración en busca de asilo en los últimos años”, asegura el Ministerio del Interior en un comunicado.
La oposición democristiana había dado la semana pasada un ultimátum al canciller, Olaf Scholz, para endurecer los controles y evitar más entradas irregulares. El líder de la CDU, Friedrich Merz, exige extender los rechazos en frontera. De no obtener una respuesta adecuada, amenazó con ausentarse de las conversaciones previstas este martes en Berlín con los Estados federados y la oposición. “Es urgente” que el canciller aclare qué va a hacer, dijo Merz: “Y esto incluye una decisión indispensable por parte del Gobierno Federal de llevar a cabo inmediatamente rechazos en las fronteras y hacerlo de forma integral, no de alguna manera o un poco”.
Los rechazos en frontera son muy controvertidos y existen dudas sobre su legalidad. Muchos solicitantes de asilo entran en Alemania sin documentos de identidad (en 2024, el 57% de los refugiados adultos, según la Oficina Federal de Migración y Refugiados) y cuando eso ocurre es prácticamente imposible deportarlos. No está claro a qué país tendrían que ser expulsadas esas personas o su país de origen se niega a expedir nuevos documentos y a acogerles de vuelta.
El Reglamento de Dublín establece que los refugiados deben ser devueltos al país de la UE en el que fueron registrados inicialmente y que su solicitud de asilo debe tramitarse allí. En la práctica, sin embargo, no suele aplicarse. A veces porque se esconden cuando las autoridades van a buscarles ―el caso del presunto asesino yihadista de Solingen― o porque otros Estados miembros no aceptan la devolución. En 2023, Alemania hizo casi 75.000 peticiones a países de la UE para que acogieran a refugiados, pero solo llegó a trasladar a 5.000. La primera reacción de uno de sus vecinos se produjo este mismo lunes: “Austria no aceptará a ninguna persona que sea rechazada de Alemania. No hay margen de maniobra”, declaró el ministro del Interior austriaco, Gerhard Karner, al diario alemán Bild.
La ministra Faeser ha destacado que actuará en estrecha coordinación con los países vecinos con el objetivo de “minimizar el impacto sobre los viajeros y la vida cotidiana en las regiones fronterizas”. La cooperación policial transfronteriza incluye patrullas conjuntas y centros conjuntos de cooperación policial y aduanera que ya llevan meses funcionando en las fronteras del este. Los controles fronterizos se aplicarán “con flexibilidad espacial y temporal, en función de la situación del momento”, ha explicado Interior. El objetivo es evitar que los traficantes de personas sepan dónde hay controles y puedan evitarlos.
La policía alemana ha detectado unas 52.000 entradas no autorizadas y ha efectuado unas 30.000 devoluciones en el marco de los controles temporales en las fronteras interiores con Polonia, la República Checa, Austria y Suiza desde octubre del año pasado. Las devoluciones se producen “en casos de personas que no presentan documentos válidos o que los tienen falsificados, o que intentan entrar en el país sin visado o permiso de residencia válido”, explica Interior.
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